El fantasma de la reelección.
Jorge L. Yépez. G.
En congruencia con los procesos de consolidación de nuestra aún endeble democracia, se ha dado cauce legal a las formas de democracia directa: el plebiscito y el referéndum. Suman ya 22 entidades federativas en cuyos marcos constitucionales ha quedado formalmente establecido.
Los esfuerzos para transitar de una democracia electoral procedimental a una participativa, requiere de una mayor injerencia de la ciudadanía, en quienes recae la esencia misma del régimen político democrático.
En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo se promueve activamente la participación y la presencia de la ciudadanía –desde posiciones de derecha y de izquierda– tanto en procesos electorales como en los ejercicios de gobierno, abriendo cauces de participación que han contribuido a elecciones competitivas y ejercicios de gobierno exitosos, particularmente a nivel municipal y promovidos por los ahora partidos de oposición.
No obstante lo anterior, cuando se formaliza una promesa de campaña del partido en el gobierno, la oposición en su conjunto, llámense partidos políticos, grupos de poder –reales y formales– y diversos analistas, presuponen que la iniciativa de ley tiene propósitos electoreros y muy seguramente aspira a promover la reelección del titular del poder ejecutivo Federal.
Es claro que sólo parece interesar la promoción de la consolidación de la democracia, cuando contamos con señales e indicadores que nos permitan garantizar que la propuesta no tiene ninguna intencionalidad política. Nada más ajeno a la realidad, pues no puede concebirse ninguna acción y decisión en materia política, ajena a otros propósitos.
Más allá de esta acotación, los argumentos que esgrime la oposición son endebles, puesto que hoy como nunca se cuenta con un entorno idóneo para transitar de la democracia electoral a la democracia directa, en la que la ciudadanía empiece a cobrar un papel de mayor relevancia, acorde al anhelo de muchos de sus ahora críticos.
Un dato importante, es que en alguno de los documentos básicos de los partidos de oposición, no se encuentran observaciones críticas tan virulentas a la figura de revocación de mandato como las que hoy se han externado públicamente y, por el contrario, se dicen dispuestos a su promoción.
Quizás sea que los resultados publicados en las encuestas de popularidad han dejado perpleja a la clase política, pues presuponen de manera simplista que la propuesta apunta, sin duda, a la reelección de López Obrador.
Por ello, es necesario observar que una presunción puede resbalar en el terreno fangoso de la especulación y alimentar el clima de terror que se ha desatado ante la sola posibilidad que López Obrador sea ratificado por una aplastante mayoría de ciudadanos, se induzca la votación a favor de las y los candidatos de Morena y tengamos un escenario probable de un partido hegemónico con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y lo que viene.
Si nuestras oposiciones fueran serias, podrían presuponerse también que de aquí a tres años en que habrá de realizarse la elección intermedia, en juego únicamente los 500 escaños de la Cámara de Diputados, la luna de miel que se vive hoy día puede haber terminado, los resultados observados y resentidos por los diversos sectores sociales provocado una significativa caída en el grado de popularidad de nuestro gobernante y, en consecuencia, abrir la posibilidad franca para que la oposición encuentre algún camino para reposicionarse.
Ante el escenario probable de que el titular del poder ejecutivo caiga en desgracia por su ineficacia y falta de resultados, el desencanto provocado indicará que es el momento de concluir en forma adelantada su mandato, interrumpir el periodo para el que fue electo y dar cauce a los mecanismos constitucionales y legales para que sea otra persona quien continúe y concluya el ejercicio sexenal.
Parece preferible esta opción, a la posibilidad de mantener en el poder a una persona incapaz, ajena a lo que ocurre en la realidad nacional, e interesado únicamente en satisfacer sus intereses personales y del grupo político al que pertenece y, por añadidura, con la certidumbre de que es inamovible.
La incapacidad que muestra la oposición pone de manifiesto no solo su falta de argumentos sólidos, pues existe una imposibilidad mayor: su insolvencia para construir una alternativa política viable, con la cual confrontar abiertamente la que se promueve por el gobierno en turno. Bien vistas las cosas no parece estarse trabajando consistentemente en una propuesta alternativa, lo cual tiene en la orfandad ideológica y por ende política a todos los partidos de oposición.
Pero López Obrador aprovecho la coyuntura, cuando anuncia que el lunes –18 de marzo– habrá de asumir el compromiso público de no promover su reelección, asunto que ya había dejado establecido en varias de sus intervenciones públicas.
Otra vez, hacemos lecturas falaces cuando recurrimos a una racionalidad política que no se ajusta a las nuevas formas de hacer política que se ensayan hoy día. Las oposiciones por su parte, dan cuenta de su temor justificado hasta ahora, de que pueda suscitarse un estancia prolongada de Morena, lo cual los coloca al borde de la histeria.
¿Se erosionan los discursos teóricos con los que se piensa y hace la política?
Jorge Luis Yépez Guzmán
La oposición que se ha venido configurando a 100 días de haber asumido el cargo Andrés Manuel López Obrador, amén de la promovida legítimamente por los partidos políticos, está presente en artículos de opinión y análisis de los diversos medios de comunicación.
Rubén Vázquez Pérez
De la crisis venezolana hay dos aspectos que son claramente irrefutables: el primero, que Nicolás Maduro es verdaderamente indefendible y de las razones de ello se han ocupado profusamente, dijérase que hasta el hastío, las agencias y los medios informativo-propagandísticas de la globalización neoliberal, de manera que abundar en el asunto acaso resulte ocioso.
Muy distinto es ese otro aspecto del conflicto al que pocos medios periodísticos han dado cobertura y que tiene que ver con el infame bloqueo económico que los organismos financieros internacionales le han impuesto a la patria de Simón Bolívar hasta el punto de impedirle el acceso a su propia riqueza: la que tiene depositada en oro en bancos como el de Inglaterra.
Rubén Vázquez Pérez
La fallida eliminación del fuero para legisladores y la avalancha de amparos contra la reducción salarial a funcionarios del Poder Judicial de la Federación, caminan de la mano y a contracorriente de la recuperación de la credibilidad ciudadana en las instituciones del Estado.
Bien vistos ambos temas son, para sus promotores, como darse un disparo en el pie, toda vez que si ni uno ni otro prosperan, integrantes de los poderes legislativo y judicial habrán abonado en el pesado descrédito que desde hace muchos años exhiben ante una ciudadanía, cada vez más recelosa y desconfiada del quehacer público.
No se trata de un asunto menor porque la confianza ciudadana en sus representantes y servidores públicos no es otra cosa que la fortaleza de las instituciones, la que el Estado necesita para, por ejemplo, combatir exitosamente a la delincuencia, acabar con la corrupción y enmendar el rumbo de un crecimiento económico, hasta ahora, magro, mediocre y a veces nulo.
Pero, ¿cómo habría de creer el ciudadano común que esta vez va en serio el cambio que pregona la Cuarta Transformación si en puntos fundamentales -como el del fuero y la reducción de altos salarios-, la fe y la esperanza se le escurren como la arena entre las manos, a medida que lee las noticias y se informa de desvergüenzas como la que protagonizaron jueces el lunes último ante la SCJN?
Ninguno de esos inconformes con la reducción salarial se detuvo a pensar que si hay un sector de la sociedad que carece de casi toda credibilidad –incluso por debajo de la que tienen policías-, es el de los políticos, esto es: dirigentes partidistas, legisladores y también quienes se encuentran en la estructura del Estado, es decir, funcionarios públicos, desde el Presidente de la República y hacia abajo y eso es justo lo que son ministros, magistrados y jueces.
