Rubén Vázquez Pérez

Hasta la saciedad o casi, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que él y la 4T no son lo mismo que quienes le precedieron en el Ejecutivo federal. Vehemente, indignado, lo dice siempre ante la mera insinuación de que su gobierno actúe de la misma manera que quienes gobernaron antes este país.

Pero entonces ¿qué significa –por ejemplo- su indiferencia, por decir lo menos, ante tanta arbitrariedad contra los periodistas de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano; qué significa el respaldo que un día y otro también da públicamente a la directora de esa agencia, Sanjuana Martínez, a pesar del evidente abuso que ha perpetrado contra los trabajadores?

El mandatario argumentó que el conflicto en ese organismo descentralizado del Estado –que podría derivar en una huelga-, no le preocupa; que es algo que las autoridades laborales deben resolver; y que éstas no tienen “línea”. Empero, igualmente aclaró que el juez que atienda el caso bien podría resolver que “no hay razón de ser para esa huelga”.

Como se ve, sus respuestas no arrojan certeza alguna sobre la conducta y las decisiones imparciales de la autoridad a la que se refiere y bien podrían ser parte del sarcasmo al que es tan proclive el mandatario.

Lo cierto es que son decenas de denuncias las presentadas en contra de su directora, Sanjuana Martínez, a la que él nombró, de quien ha dicho que le tiene absoluta confianza y a la que –sin duda apantallado- no le regatea reconocimiento ni halago alguno por su trayectoria periodística.

Pero un dato reciente parece significativo: cuando faltaban horas para el estallamiento huelguístico, se dio a conocer que gracias a la intervención de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, la directora de Notimex cedió a cinco de las demandas planteadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, con lo que se aplazó una semana el cierre de instalaciones en la agencia de noticias del Estado Mexicano.

Y si lo que se ve aquí es, en efecto, una actuación “sin línea” de la secretaria Luisa María Alcalde, estaríamos ante lo inédito: una evidencia del libre juego de los actores políticos dentro del gobierno, una especie de forcejeo, de competencia de vencidas para ver quién tiene más fuerza:

Del lado de Sanjuana, el público respaldo que el Presidente López Obrador le ha ofrecido reiteradamente –dijérase que hasta el punto de hacerla parecer impune, a pesar de tanta arbitrariedad cometida en nombre de la 4T- y del lado de los trabajadores de Notimex, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien a su vez cuenta con el legado de honradez y honestidad de su padre, Arturo Alcalde Justiniani.

Si ha de ser que el conflicto en Notimex se resuelva conforme a derecho, parece que a Sanjuana no le va a bastar con las simpatías presidenciales: Arturo Alcalde Justiniani tiene una larga trayectoria como exitoso asesor de sindicatos tales como las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores y de Sobrecargos; el SITUAM, el sindicato de la Universidad Iberoamericana y el de Chapingo así como los sindicatos del instituciones bancarias: Nafinsa, Metlife y Bancomext, entre otros.

Pero, la señora Martínez, directora de Notimex, está lejos de darse por vencida: ha iniciado una contraofensiva que la ha acercado a posiciones de la derecha y más precisamente del conservadurismo panista, toda vez que, a través del sindicato espurio que ella impulsa, ha dejado saber, precisamente, la trayectoria de Alcalde Justinaini, como si se tratara de un delito.

En realidad, lo que pretende Sanjuana es retomar el argumento que el panismo en el Senado esgrimió hace poco menos de un año para cuestionar el nombramiento de Luisa María Alcalde, por lo que llamó un posible “conflicto de intereses”: según el grupo parlamentario del blanquiazul ningún juez fallaría contra ningún sindicato que estuviera asesorado por el papá de la Secretaria del Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani. Y es el caso del SutNotimex.

Su propósito es, claramente, descalificar la defensa de aquellos a quienes ella ha agredido ventajosa e impunemente.

Cuando Sanjuana inició su ofensiva, se pensaba que todo quedaría en el despido del dirigente Conrado de la Torre, acusado por los propios trabajadores de abusos, corrupción y nepotismo; se pensaba que el líder del SUTNotimex sería despedido y eventualmente sujeto a una investigación judicial.

Ahora hay nueva dirigencia en el sindicato, pero quedan muy pocos sindicalizados: un día si y otro también cualquier reportero o redactor se entera que ha sido despedido; que ya no puede entrar al edificio y nunca sabe la falta que cometió como para merecer la separación del empleo; personal de seguridad no uniformado –al estilo de las guardias blancas caciquiles- les impide el acceso y si les permite entrar, sólo es para acompañarlos a que recojan sus pertenencias.

Parece que el común denominador de muchos de los despidos, la falta intolerable en el estrecho criterio de quien dirige Notimex, es el ejercicio de la libertad de expresión, esto es que los trabajadores muestren su desacuerdo con los despidos, se pongan del lado de éstos y opinen de viva voz que ése proceder es arbitrario; la directora de la agencia considera que todo eso es suficiente para sumar a los atrevidos a un negro listado que culminará también en ceses fulminantes.

Los cierto es que este caso es para demostrar que, en efecto, la 4T y el Presidente Andrés Manuel no son lo mismo que sus predecesores; que se actúa conforme a derecho; que las simpatías y las amistades no son sinónimo de impunidad y que no hay simulación ni dobles discursos.

Rubén Vázquez Pérez

Además de ser indígena, Evo Morales cometió, al menos, un par de pecados más: primero, no tenía por qué haberse presentado por cuarta vez como candidato a presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y, segundo, en los casi 14 años que ejerció el poder, no propició nuevos liderazgos de entre los cuales surgiera un sucesor que diera continuidad a su exitoso proyecto gubernamental.

Tendría que admitirlo él, pero el hecho de haberse postulado para un cuarto periodo, parece la debilidad de haber cedido a una tentación –digamos muy humana, pero insana y, sobre todo, incompatible con la democracia que lo llevó al poder- de aferrarse a la Presidencia, con todo y que no se le conocen corruptelas ni hay indicio alguno de que se hubiera beneficiado del cargo.

Pasadas las primeras horas y jornadas tras la renuncia, sería saludable para la opinión pública que el ahora ex mandatario boliviano explicara por qué eligió registrar nuevamente su candidatura presidencial, sobre todo cuando desde el 21 de Febrero de 2016, un referéndum reveló que 51 por ciento de los bolivianos no querían que se modificara la Constitución, para permitirle continuar en el cargo.

No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni viceversa, dice el refrán popular. Y queda como anillo al dedo, como la gran lección en la que Evo Morales debiera meditar, sobre todo por las consecuencias de represión que padecen ahora indígenas, trabajadores y campesinos bolivianos y que, se teme, van hacia un proceso de regresión de vuelta a la pobreza y de pérdida de todo lo que había ganado la nación.

Rubén Vázquez Pérez

Qué graves las acusaciones contra el ahora ex ministro Eduardo Medina Mora. De comprobarse las indagatorias iniciadas en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el ministro renunciante sería cómplice de una increíblemente poderosa red delincuencial extendida en todo el gobierno y en todo el país, de la cual ciertamente la ciudadanía tenía certeza de su existencia, pero no de sus alcances, su profundidad, su poderío.

Lo que sobre todo llama la atención es la razón por la cual Medina Mora optó por la renuncia. O sea: hablamos del recurso de inmunidad que le otorgaba el fuero constitucional. Es decir: Medina Mora renunció a unos 10 ó 12 años de ser intocable, de ser inalcanzable por la justicia, un recurso que le permitiría soportar los embates de la Cuarta Transformación.

Sabemos que el ex ministro sería responsable de ayudar a que grupos de la delincuencia organizada vieran desbloqueadas sus cuentas bancarias por unos 2 mil millones de pesos. Y sabemos que dichos grupos estarían dedicados a la trata de personas –que implica secuestro con sus secuelas de esclavitud laboral y sexual, incluso de menores de edad-, al narcotráfico y que entre sus procederes habituales figuraba el de la corrupción y el blanqueo de dinero.

Rubén Vázquez Pérez

Está difícil la defensa de los cambios al código penal de Tabasco que el gobernador Adán Augusto López Hernández propuso y el congreso estatal aprobó ipso facto para criminalizar a quienes afecten la realización de obras, así se escuden en la figura de la protesta y, por tanto, de la libertad de manifestación y expresión públicas.

La denominada Ley Garrote, pues.

Está difícil por los antecedentes y el precedente que implica. De los primeros hay que decir que la protesta pública –como la que se criminaliza con la mencionada  nueva ley en ese estado-, ha sido un recurso muy socorrido desde mediados de la década de los 70´s en el siglo pasado:

Las movilizaciones por calles y avenidas, no tardaron mucho en convertirse en toma de edificios e instalaciones, mediante el cierre de sus accesos, con su secuela de afectación a las vialidades; destrucción de mobiliario e inmuebles y aún del equipamiento urbano, e incluso secuestros a ciudadanos, así haya sido por algunas horas o minutos.

La oposición sindical, urbana, rural y partidista, siempre anti gubernamental y cada vez más cerca de la izquierda, no tuvo más recurso que ése durante prácticamente 50 años, en los que si bien su objetivo fue denunciar, desenmascarar y exhibir a gobiernos que simulaban pero no gobernaban; que prometían, pero no cumplían, lo cierto es que devinieron en una suerte de profesionalización de la protesta llevada a cabo por personajes que no necesariamente eran parte de los inconformes, pero que sabían muy bien cuándo y dónde golpear, cómo retirarse y aún evadir la acción de la justicia.