Ciudad de México. Sería razonable que la elección de juzgadores –la segunda parte de la reforma judicial-, se pospusiera hasta 2028 porque aún se requiere, por ejemplo, de un mecanismo de evaluación de las capacidades indispensables; reglas más estrictas frente a trayectorias políticas recientes y, de manera fundamental, prevenir a toda costa la captura partidista de las candidaturas, el nuevo clientelismo político judicial y el uso nocivo de los “acordeones”.

Así lo planteó este Jueves el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javier Corral Jurado, durante la apertura del foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”.

En nuestra primera experiencia, refirió, los mecanismos de evaluación operaron con criterios distintos; no hubo parámetros suficientemente definidos para valorar trayectorias, capacidades técnicas, perfiles éticos, y eso generó resultados dispares.

Además, añadió, en no pocos casos intervinieron estructuras de apoyo de grupos de poder que influyeron en la definición de candidaturas.

Y la ciudadanía, recordó, se enfrentó a la dificultad de elegir entre perfiles poco conocidos, con información limitada, sin herramientas para distinguir preparación o experiencia.

Ciudad de México. La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que a partir de mañana entrará en vigor la reforma constitucional para impedir las llamadas “pensiones doradas” en las entidades públicas. 

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora compartió la publicación, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con ello, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.

Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es extralimitado en su interpretación del concepto sobre desaparición forzada.

Así se expresó al ofrecer una conferencia de prensa en el Senado de la República, luego de su ratificación en el Pleno. Y añadió que dicho comité invocó el Estatuto de Roma, para lo cual, sostuvo, carece de facultades.

Hizo notar también que el informe plantea cuestiones graves, pero “muchas de ellas ocurrieron en años previos a 2018, por ejemplo, en Nayarit o en Veracruz”.

Acompañado por el senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el secretario federal también precisó que el comité obvió los avances que ha habido por parte del Estado mexicano en esta materia. 

Ciudad de México. Roberto Velasco Álvarez, virtual sucesor de Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, acudirá este miércoles al Senado de la República, para plantear  las razones del rechazo del gobierno mexicano al informe sobre desapariciones de personas que un grupo de especialistas formuló para inculpar de esos delitos a las autoridades del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Velasco Suárez, hasta hace poco subsecretario de la  Cancillería para América del Norte, abordará el tema como parte de su comparecencia ante la Cámara Alta, la cual habrá de ratificarlo como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores. Velasco Suárez hará notar lo sesgado y erróneo de dicho informe, cuyos autores pretenden que el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo apruebe como una condena al gobierno de México.