Ciudad de México. Por unanimidad, con 106 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional que establece un sistema de vivienda con orientación social para las trabajadoras y los trabajadores.
Los cambios al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitirán el otorgamiento de créditos baratos y suficientes para la adquisición, mejora, obtención de suelo o construcción de vivienda.
La reforma constitucional dispone que la ley establezca los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad.
Además, precisa que la mensualidad del arrendamiento social no pueda exceder el 30 por ciento del salario de las personas trabajadoras.
Alfonso Cepeda Salas, de Morena, destacó que el proyecto beneficia a 55 millones de trabajadores, quienes podrán adquirir una casa, construir o remodelar una vivienda, con créditos accesibles y justos. Se trata, agregó, de una reforma con sentido humanista, que busca el bienestar familiar.
Ciudad de México. Con el objetivo de construir una sociedad más solidaria y equitativa, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) informó que impulsa una iniciativa que modifica la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro, a fin de garantizar un seguro de gastos mayores para personas de la tercera edad.
Mediante un comunicado indicó que el objetivo de la iniciativa es integrar fondos especiales a través de fideicomisos privados irrevocables, para contar con recursos financieros complementarios que sean destinados, como medida de compensación y redistribución, al pago total o parcial de las primas correspondientes a los seguros contratados por personas físicas mayores de 60 años, en los cuales funjan como asegurados.
Fernández Cruz indicó que la fuente de recursos para dicho fondo deberá provenir de un porcentaje del monto cobrado por concepto de primas en el ramo de salud, por parte de la institución de seguros correspondiente, el cual no podrá ser inferior al 3.0 por ciento.
Ciudad de México. Cerca estuvieron los senadores Alejandro Moreno Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña de llegar a los golpes ante el pleno y ambos, casi como en una ceremonia boxística de pesaje, quedaron prácticamente nariz contra nariz; a gritos intercambiaron reclamos y mientras Alito, de pie, sacudía su índice frente al rostro de Noroña, éste, sentado, le advertía que no lo tocara.
Todo porque los del tricolor no reaccionaron a tiempo cuando se preguntó a la asamblea si se incluía en la agenda del día el tema de la inimpugnabilidad de las reformas o adiciones a la Constitución General de la República, un trámite que la secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, cumplió de manera algo más que expedita.
Cuando la legisladora comunicó que la asamblea había decidido incluir el tema, comenzó a gestarse la inconformidad y el malhumor de los priístas. Y luego de que se hizo la declaratoria de aprobación de la reforma que considera improcedente toda controversia constitucional; acción de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra modificaciones la Constitución, se desató el sainete.
Moreno Cárdenas dejó su curul y a paso firme se dirigió a la Mesa directiva, a unos centímetros del Presidente de ésta, Fernández Noroña, para reclamarle que no les hubiera dado la palabra a los del PRI; el petista le explicaba que no podía hacerlo porque se había iniciado el proceso para incluir el mencionado tema en la agenda de discusiones.
Ciudad de México. Senadoras y senadores de la República analizan en el pleno el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar un esquema de apoyos para el bienestar de la población en condición de vulnerabilidad.
La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez Treviño, dijo que es fundamental elevar a rango constitucional los programas sociales, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables.
Se trata, agregó, de una de las reformas constitucionales “más nobles” que se hayan tratado en la historia del Congreso, porque “versa sobre el corazón del Estado”.
La legisladora enfatizó que, de esta forma se garantiza que los programas sociales sean universales, ya que pasan a constituir un derecho para todas y todos los mexicanos, sin importar “por qué partido se vote o si las personas apoyan a determinado perfil político”.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que la enmienda “representa un paso gigantesco” para definir el tipo de Estado que se busca en México: uno donde los derechos de las personas, especialmente de aquellas que sufren de carencias, por fin sean reivindicados al incluirlos en la Carta Magna.
“Estamos en la ruta de revertir 36 años de la noche oscura del neoliberalismo; esta reforma revierte las políticas excluyentes y consolida un Estado que hace de la política social, el espacio para garantizar los derechos de todas y de todos”, agregó.