Rubén Vázquez Pérez

Ciudad de México. Este Miércoles se concretó la aprobación de la mayoría morenista en el Senado para extinguir 109 fideicomisos, a solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la promesas de éste de que ninguno de los beneficiarios se quedará sin los recursos que periódicamente recibía y que, en breve, dará a conocer resultados de auditorías sobre las presuntas anomalías y corruptelas que prevalecían en esos organismos que, sin embargo, hasta ahora no han merecido ninguna denuncia  menos investigación sobre presuntos responsables.

La aprobación del dictamen en el pleno, fue por 65 votos a favor y 51 en contra; toda la bancada del PT lo hizo en este sentido, junto con la oposición que formaron PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y el senador morenista, Germán Martínez Cázares, igualmente votó en contra, luego de que fuera desoída su propuesta para que solamente algunos fideicomisos sobrevivieran, después de que se les sujetara a una profunda revisión.

Antes, en comisiones y bajo el asedio de organizaciones ciudadanas, la mayoría morenista en el Senado de la República aprobó dicha extinción, para disponer de recursos de éstos que, sumados, arrojan recursos por 68 mil millones de pesos y que, desde la óptica presidencial, eran objeto de corruptelas.

Ante la imposibilidad, el lunes último, de acceder a la sede senatorial por el bloqueo que impusieron cientos de inconformes con la medida, la Comisión de Hacienda de la cámara alta convocó a reunión de trabajo en un hotel del centro, a la que sólo llegaron los morenistas, que son mayoría, a fin de desahogar el dictamen que sólo tuvo el voto en contra de la senadora Ifigenia Martínez, de Morena; Nancy de la Sierra, del PT, no acudió a dicha reunión.

Allí, en la comisión de Hacienda, el dictamen fue aprobado en una lamentable actuación de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional que así se mostraron sumisos y súbditos del primer Mandatario, en un ejemplo de lealtad ciega.

En a antigua sede senatorial de Xicoténcatl, la otra comisión, la de Asuntos Legislativos, Segunda, ocurrió otro tanto y también por mayoría aprobó el dictamen.

Ciudad de México. Sanciones económicas por más de un millón de pesos se aplicarán a quienes intenten privatizar las playas del país, prevé la Ley General de Benes Nacionales, tras las modificaciones que fueron aprobadas este Martes por el Senado de la República.

Los cambios aprobados incluyen la revocación de la concesión, autorización o permiso, si es que el beneficiario de éstas se muestra reincidente en privatizar las playas e impedir el acceso a cualquier ciudadano.

Igualmente contemplan que en caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir a los ciudadanos el libre tránsito, a través de los accesos que convenga con ellos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Senadores de todos los partidos aprobaron por unanimidad las modificaciones al mencionado ordenamiento para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas, un proyecto que ya había merecido la aprobación de la Cámara de Diputados y que ahora sólo espera la promulgación presidencial en el Diario Oficial.

La minuta aprobada dispone que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento. 

Establece sanciones de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a propietarios o a titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, que impidan el acceso a dicha zona, así como a las playas. 

Y en caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley General de Bienes Nacionales. 

Las playas son constitucionalmente públicas: Fernández Baboa

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, subrayó que las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos para que todo visitante, nacional o extranjero, que desee disfrutarlas pueda hacerlo.  

Destacó que la restricción a las playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación. 

Garantizamos el derecho a la recreación: García Conejo

“Estamos garantizando el derecho a la recreación y también estamos fortaleciendo a la industria turística y más en estos momentos que tanto se requiere”, dijo a su vez el Presidente de la Comisión de Turismo del Senado, Antonio García Conejo, integrante de la bancada perredista.

“La industria turística es a la que más le ha pegado la pandemia, se han cerrado más de 10 mil pequeños negocios, según datos del INEGI, por falta de actividad económica”, indicó.

El dictamen aprobado establece que se sancionará con multa de 260 mil 640 pesos hasta un millón 042 mil 560 pesos a los propietarios de los terrenos colindantes a las playas que impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso. Quienes reincidan en ello, se le revocará la concesión o permiso, remarcó.

En ese sentido, urgió a impulsar la actividad turística nacional, siempre bajo medidas sanitarias y con responsabilidad. Destacó que México y en particular el Estado de Michoacán cuentan con playas de reconocimiento internacional, por sus características naturales y de infraestructura.

Se trata de un derecho humano: García Sepúlveda

Por su parte, Samuel Alejandro García Sepúlveda, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, dijo que éste es un derecho humano, por lo que no se puede restringir su acceso, uso, goce o disfrute.   

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, señaló que el proyecto responde a los evidentes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que, por medios extralegales, establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas.  

En tanto, el senador José Luis Pech Várguez, de Morena, aseguró que con la reforma el Estado garantizará “la servidumbre de paso a toda la ciudadanía”, a fin de que se pueda entrar y disfrutar de las playas y a las zonas federales marítimas terrestres y, en caso contrario, se contemplan sanciones para los particulares o todos aquellos que impidan el ejercicio de este derecho. 

Por el PAN, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros afirmó que el dictamen eliminará las prácticas discriminatorias que impiden a las y los mexicanos el uso y disfrute de las playas del país; “sin revisiones, sin explicaciones, sin tener que convencer a alguien, todos podrán ejercer el derecho a transitar libremente por ellas para su esparcimiento”. 

La senadora del PT, Alejandra del Carmen León Gastélum, acusó a las administraciones pasadas de privatizar las playas del país y entregarlas a grandes transnacionales “en un acto de clasismo y discriminación” en contra de los mexicanos. Dijo que se tiene que encontrar el equilibrio entre la explotación mercantil y el derecho a disfrutar del espacio público. 

 Del PRD, el senador Antonio García Conejo indicó que debido a la pandemia han cerrado más de 10 mil pequeños negocios del sector turístico, por lo que esta reforma fortalecerá a la industria en estos momentos en que se requiere. El proyecto recibió 107 votos a favor y se envío al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado está a favor de medicamentos baratos y de no extender la vigencia de las patentes, afirmó su coordinador, Ricardo Monreal.

Aseguro que Morena quiere apoyar la salud y la economía popular y que por ello propone adecuaciones a la ley para no extender la vigencia de las patentes de los medicamentos. “Las modificaciones a la ley cuidarán que la población pueda contar con genéricos el primer día del vencimiento de la patente”.

Después de una larga noche de negociaciones del Senador Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría de Morena, con todos los coordinadores de la Junta de Coordinación Política, desde la noche del 28 para amanecer el 29 de julio, se alcanzaron los consensos y hubo acuerdos para avanzar en la aprobación de cinco leyes y un convenio ambiental necesarios para la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que entra en vigor el 1 de julio.

Por unanimidad de los 37 legisladores presentes en la Comisión Permanente, fueron aprobados los dos periodos extraordinarios que se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados. El primero se llevará a cabo el 30 de julio para conocer y en su caso aprobar esas leyes tan necesarias para el intercambio comercial de México con sus vecinos del norte.