Gerardo Fernández Noroña dijo que hasta el momento ha firmado tres oficios: uno dirigido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con la solicitud de información puntual sobre algunos casos; otro dirigido al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en sentido similar; y un último a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.

El acuerdo del INE establece una revisión para que las personas candidatas a cargos en el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, no hayan incurrido en alguno de los supuestos considerados por la “8 de 8 contra la violencia”, así como que no tengan suspendidos sus derechos políticos y electorales. 

Este mandato deriva del artículo 38, fracciones V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 442 Bis, en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y señalan que los derechos o prerrogativas de las o los ciudadanos se suspenden por los siguientes motivos: 

Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa. 

Además, por estar prófuga o prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. (Boletín, Senado)