Así, se modificarían los requisitos para designar al Fiscal General de la República y crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con lo que se busca dotar de plena autonomía al Fiscal.
El documento señala que éste podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado, por incurrir o consentir que el Ministerio Público a su cargo incurra en acciones u omisiones que demoren u obstaculicen la investigación y persecución de delitos relacionados con violaciones graves en los derechos humanos o en hechos de corrupción.
Barbosa Huerta argumentó que para armonizar normativamente este esquema autonómico, se propone modificar el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto, así como reformar diversas disposiciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, eliminando el llamado “pase automático”.
Señaló que, con la misma finalidad, se dispone que la Fiscalía General de la República cuente con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción, de violaciones graves a los derechos humanos y las demás que disponga la ley o sean creadas por acuerdo del Fiscal General.
Las tres fiscalías contarán con autonomía técnica y de gestión, además estarán dotadas de recursos humanos y materiales suficientes para el eficaz ejercicio de sus funciones y sus titulares durarán en el encargo 7 años y serán nombrados y removidos en los mismos términos señalados para el Fiscal General de la República.
Asimismo, dijo que debido a la importancia de contar con datos o pruebas científicos para llegar a la verdad de los hechos y lograr que la procuración de justicia sea objetiva, imparcial y de buena fe, se pronunció por la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses como órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Expuso que deberá atender, en forma institucional, especializada, profesional y de acuerdo a la ley, los requerimientos del Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios, datos y medios de prueba para la eficacia de las funciones de investigación y persecución de los delitos, mediante la emisión de informes, estudios y dictámenes que emita la Fiscalía Especializada.
La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Reforma del Estado; Justicia; Estudios Legislativos, Primera y Estudios Legislativos, Segunda.