Ciudad de México. La diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM) presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que el Congreso de la Unión declare al año “2025: aniversario 50 del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer”, como un reconocimiento a la lucha histórica y a los cambios en la dinámica de género e igualdad que han tenido dentro de la sociedad. 

El documento, turnado a la Comisión de Gobernación y Población, propone que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federales instrumenten acciones para que toda la correspondencia y documentación oficial contenga al rubro o al calce la leyenda: “2025: Aniversario 50 del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Mujer, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial Federales, establecerá un programa de actividades para conmemorar esta fecha.

Ciudad de México. La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena) pide reformar el artículo 61 y adicionar el 161 Ter 1 y 161 Ter 2 a la Ley General de Salud con el objetivo de crear la Comisión Nacional de Enfermedades Raras, un Registro Nacional, y garantizar la atención materno-infantil al interés superior de la niñez, la aplicación del tamiz neonatal ampliado, su observación efectiva e integral y asesoramiento genético.

La iniciativa, que se remitió a las comisiones unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables para su análisis, agrega el capítulo “Enfermedades Raras” a dicho ordenamiento legal.

Define que las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número reducido de personas en comparación con la población general, se presentan en menos de cinco por cada 10 mil habitantes y su principal característica es que son crónicas, complejas, y pueden estar originados por un trastorno genético.

Estipular que la Comisión Nacional de Enfermedades Raras promoverá su estudio, prevención, investigación y divulgación; además, formulará y aplicará programas y acciones que divulguen entre la población sus características y mecanismos de prevención y tratamiento.

Ciudad de México. El diputado Omar Antonio Borboa Becerra (PAN) presentó reformas legales para establecer que los particulares que presten servicios educativos podrán cobrar cuota por inscripción a los alumnos de nuevo ingreso, y una sola vez al ingreso de cada nivel educativo, pero no por reinscripción.

Precisa que no podrán cobrar cuota por reinscripción o cualquier otro concepto similar con el que se pretenda exigir su pago a los usuarios de estos servicios que de manera continua realicen sus estudios en la misma institución educativa privada.

Los cambios al artículo 151 de la Ley General de Educación también señalan que si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, y/o cobran cuota de reinscripción, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.

Ciudad de México. Para establecer que la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas no serán criminalizadas por el Estado, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) impulsa una iniciativa.

Señala que la política pública respecto al consumo de sustancias psicoactivas deberá construirse desde una óptica regulatoria y recaudatoria, que mitigue los riesgos relacionados con su producción y consumo.

La propuesta de reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, en materia de descriminalización de sustancias psicoactivas y recaudación fiscal, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre esas sustancias.

Además, en el régimen transitorio menciona que el Ejecutivo Federal emitirá un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, con la finalidad de garantizar la salud de las personas consumidoras, en tanto que los titulares de las entidades federativas deberán hacer lo propio en un plazo máximo de 180 días a partir de la emisión del citado plan.