Ana Gabriela Guevara ha ofrecido entrevistas a medios de comunicación para tratar de justificar su conducta. Pero en ninguna ha despejado las dudas sobre las causas o motivaciones de su defensa del ex directivo, Kiril Todorov, que así se llama el defendido de la ex atleta.
Y ahora menos que antes podrá hacerlo, toda vez que Todorov ha sido vinculado a proceso por acusaciones que le hizo la Fiscalía General de la República, la cual le encontró pruebas de ser presunto responsable de un peculado por más de 150 millones de pesos.
La presidenta de la Conade ha procedido en este caso con la misma incomprensión, desinformación y dudas que también usa el Primer Mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Y como él, prefiere también descalificar antes que esclarecer.
Incluso, Ana Gabriela Guevara se sumó a la dudosa afirmación presidencial del mandatario cuando afirmó que, no obstante las acusaciones sobre la falta de apoyos a las atletas, si se les había apoyado o al menos a seis de ellas, porque trabajan en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como el mandatario, la funcionaria de la Conade dijo que esos empleos en la Sedena eran el apoyo deportivo. Y como el Peje, también calló respecto de los demás integrantes –incluidas las entrenadoras-, todos los cuales no son empleadas de ninguna dependencia gubernamental.
Cierto que en declaraciones posteriores, el Presidente reconoció la falta de apoyo a las deportistas y, si bien apenas superficialmente, lo lamentó. Pero Ana Gabriela, ni eso, aunque si se llevó un regaño presidencial por andar declarando sandeces.
Todo esto sucede justo cuando el Presidente ha iniciado una serie de acciones en contra de la transparencia y el derecho ciudadano a la información pública, las cuales –inexplicables e injustificables por donde quiera que se les vean-, no han hecho sino sembrar dudas sobre su honorabilidad y vocación democrática.
No otra cosa significan su ofensiva contra el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y sus decretos para que las obras de su administración sean consideradas de seguridad nacional y no solamente no puedan ser detenidas, sino tampoco abiertas al escrutinio público.
Se entiende la necesidad de tutelar el bien mayor: obras que benefician a una población siempre saqueada, siempre olvidada y relegada. Y hasta ahora, colocada entre las prioridades presupuestales. Lo que no se entiende es la opacidad, la falta de explicaciones.
Mucho menos se entiende cuando hablamos de personajes tan lamentables como Ana Gabriela Guevara.
Mejor no hacer cosas malas que parezcan buenas, ni viceversa.
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