DIPUTADOS

 
CDMX, 13 de mayo 2024. El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) plantea reformar el Código Penal Federal, con el objeto de establecer que a quien abandone a una persona adulta mayor, teniendo la obligación de cuidarla, se le aplicará de un mes a tres años de prisión, dependiendo del daño que resultare del abandono.
 
La iniciativa expone que a pesar de los esfuerzos emprendidos, cada vez es más común ver casos de maltrato, abuso y abandono; agrega que en más del 50 por ciento de casos de violencia los responsables son los hijos. Refiere que con el aumento en la edad de las personas también incrementa el nivel de vulnerabilidad y disminuye su bienestar y calidad vida. Y de continuar, se estima que para 2025 existan aproximadamente 14 millones de personas adultas mayores en situación de abandono o maltrato en el país, por lo que es urgente implementar medidas de atención y prevención.
 
Detalla que entre las expresiones de abusos también están el financiero, maltrato estructural y médico. Subraya que los hogares deben ser sitios de soporte en donde el proceso de envejecimiento sea seguro, pero en muchos casos se convierten en lugares de marginación, abandono y maltrato de las personas adultas mayores.
El tema de la vejez debe ser explorado desde múltiples perspectivas, y abordarlo de la mejor manera, para atender de forma adecuada a las personas en ese grupo de edad y brindarles todo el apoyo, protección jurídica y cuidados que necesiten.
 
 
 
Ciudad de México, 11 de mayo. El diputado Steve Esteban Del Razo Montiel (Morena) impulsa una iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 196 del Código Penal Federal, para sancionar el suministro de drogas a menores de edad
 
La iniciativa propuesta en la cámara de diputados busca sancionar el suministro de drogas a menores de edad mediante dulces, bebidas o alimentos diseñados para generar farmacodependencia.
 
Plantea establecer que las penas que en su caso resulten aplicables, serán aumentadas en una mitad, cuando “la vía de administración sea mediante dulces, bebidas o alimentos y medie el desconocimiento de la víctima”. La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, también señala que la sanción se duplicará y acumulará en este supuesto, cuando la víctima sea menor de edad o incapacitada.
 
El artículo 194 establece pena de 10 a 25 años de prisión y de 100 hasta 500 días multa, a quien produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba algún narcótico, los introduzca o extraiga del país, o realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias.
 
 

Prisión a quien venda medicamentos adulterados o caducos en Internet Destacado

 |  Lunes, 13 Mayo 2024 19:05  |  Publicado en DIPUTADOS
 
*Penas de “tres a 15 años de prisión” y multa de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo.*
 
Ciudad de México, 07 de mayo. Con 27 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Salud en la cámara de diputados avaló reformar el artículo 464, a fin de incrementar las sanciones establecidas e incluir a los medicamentos caducos, a las plataformas de comercio electrónico y las redes sociales.
 
Ahora se estipula que a quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, “caducos o cuya vida útil haya concluido” ya sea en establecimientos, “así como en Internet a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales”, o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de “tres a 15 años de prisión” y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo.
 
La misma pena se propone a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas ya sea en establecimientos, vía Internet o en cualquier otro lugar.
El dictamen también aumenta la pena de prisión, que actualmente es de tres a 15 años, para aplicar de cinco a 20 años de cárcel a quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala la ley.
 
Asimismo, incrementa la sanción a quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que contenga o sus números o claves de identificación; pasa de uno a nueve años de prisión a una pena de tres a 15 años.
 
 

Ciudad de México. En una de esas cosas que parecían, si no imposibles, si muy poco probables en tiempos de la 4T, diputados de todos los partidos –la oposición incluida- no pusieron objeción alguna y aprobaron por unanimidad una iniciativa presidencial: la que se refiere a la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, un instrumento fundamental para la búsqueda de los más de 100 mil desaparecidos que, se sabe, hace años son buscados por sus familiares, amigos y organizaciones que, hasta ahora, los propios afectados se han dado a sí mismos.

La iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por 489 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, tanto en lo general como en lo particular. Y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Si bien esperada, dado que la desaparición de personas afecta desde hace decenios a familias de todo estrato social en todo el territorio nacional, no significa ni siquiera una tregua entre el gobierno y sus adversarios y menos preludia que algo similar vaya a ocurrir con cuanta iniciativa se le ocurra al Primer mandatario enviar al Legislativo, menos si se trata de reformas constitucionales, como la electoral, anunciada con indudable aire de revancha contra el que aún hoy se llama Instituto Nacional Electoral (INE).


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