Ciudad de México. El diputado Ricardo Monreal Ávila afirmó que los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA) –en clara referencia a las instituciones recién desaparecidas o asimiladas en secretarías de Estado-, fueron “un implante ajeno a las demandas populares”, para frenar los movimientos sociales y económicos que impulsaron transformaciones históricas en México.

Estas instituciones –sostuvo-, no surgieron de las luchas sociales, como la Revolución Mexicana o la expropiación petrolera, sino de una estrategia de control de la tecnocracia financiera. Y en ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró que de esa manera llegamos al fin de la etapa neoliberal en México.

Una etapa marcada por la imposición de esos órganos constitucionales autónomos promovidos por intereses tecnocráticos internacionales, remarcó.

Ciudad de México. Con la unanimidad de 441 votos a favor y mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal se incorpore a la investigación de delitos, tal cual lo establece el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política, en materia de seguridad pública.

El documento, enviado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales, establece que la investigación de los delitos no sólo corresponde al Ministerio Público, sino también a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal; a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esa función.  

Precisa que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.

Ciudad de México.  Con la mayoría calificada de 332 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica. 

En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), al artículo 28 constitucional y en los transitorios, a fin de formar una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica, y unificarla con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Ramírez Cuéllar indicó que es una autoridad que será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio; son órganos independientes, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción, y que van a permitir mayor competencia económica en el país. 

La nueva autoridad que se propone, abundó, tiene como base el fortalecimiento para imponer multas, acortar los periodos de investigación, llegar a acuerdos con el Poder Judicial para que las sanciones se determinen de manera expedita, a fin de que los niveles de competencia aumenten, se incrementen los beneficios a los consumidores y usuarios y se genere mayor participación en todos los mercados de bienes y servicios, así como llevar al país a mejores niveles de competencia economía y bienestar. 

Ciudad de México. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados y luego de rendir protesta de decir verdad, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, expuso que el Paquete Económico 2025 se sustenta en cuatro pilares: bienestar social con equidad, inversión pública estratégica, disciplina fiscal con austeridad republicana y simplificación administrativa para una mayor eficiencia operativa.

El paquete, afirmó, es un paso hacia la consolidación de un país más próspero, estable y equitativo; es la manifestación del compromiso con la estabilidad macroeconómica y la gestión responsable de las finanzas pública.

“No habrá aumentos de impuestos en 2025. Confiamos en que la eficiencia recaudatoria y la digitalización fiscal, liderada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ampliarán la base tributaria y mejorarán la fiscalización”.

Para 2025, dijo, se proyecta un crecimiento económico en un rango de dos a tres por ciento. Esa proyección se fundamenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores principales. Los programas sociales asegurarán un nivel mínimo de consumo, mientras que se espera un incremento en la creación de empleo y la participación labor