Ciudad de México. El Senado de la República aprobó en lo general, así como los artículos no reservados, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Le da cumplimiento a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión expida una legislación, antes del 30 de abril, que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social.

Ciudad de México. Sin consideración al principio de equidad, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley General de Comunicación Social, en la que no establece límite alguno a la concentración de contratos a favor de las grandes empresas y monopolios de la comunicación masiva ni consideración alguna a los medios pequeños, no obstante las precarias condiciones en que subsisten.

El dictamen de esta ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política, aprobado en lo general por 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones, establece que aquellos medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Dicho padrón, se advierte en el documento aprobado, deberá ser creado por la Secretaría de Gobernación, una vez que se autorice el Presupuesto de Egresos respectivo, pero en ninguna parte especifica más criterios que el de garantizar que el gasto en comunicación social se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; no hay tampoco prohibición alguna al recurrente ejercicio de la discrecionalidad por parte de los funcionarios que asignarán contratos.

Ciudad de México. El director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Alfonso Sarabia de la Garza, reconoció la existencia de monopolios en las terminales aéreas del país que impiden reducir costos a los pasajeros. Durante una reunión de trabajo con diputados, el funcionario precisó que existen acuerdos entre  aerolíneas que impiden la competencia entre ellas y obligan a pasajeros a utilizar servicios que no necesariamente sean de la mejor calidad ni al mejor costo.
En ese sentido, descartó que las operaciones de las aerolíneas en las terminales aéreas se vayan a agilizar con las reformas a la Ley de Aviación Civil, en materia de derechos de los pasajeros.
Empero, se comprometió a romper los monopolios de las empresas del sector aéreo en terminales del país, para reducir costos a los pasajeros, ofrecer más opciones de vuelo y alentar la competitividad.