El objetivo es establecer bases firmes que permitan aterrizar un marco normativo que dé certidumbre a la inversión y proyectos de desarrollo, realizados tanto por instituciones públicos, como empresas privadas.

La senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subrayó que el marco normativo establece la obligación del Estado de promover, impulsar e incentivar la investigación científica.

La visión a futuro, destacó, obliga a actores del gobierno federal y a los legisladores a revisar el orden jurídico para perfeccionarlo y dotar de herramientas que fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación, como un motor importante de crecimiento y desarrollo nacional.

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que la iniciativa Presidencial fija metas de corto plazo, que se conjuga con otra propuesta de reforma constitucional de mediano plazo, que actualmente se analiza en la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyo propósito es reconocer el derecho de acceso al desarrollo científico, como lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre.

Ambas iniciativas, aseguró, se complementan para fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI), con miras a superar obstáculos, abatir el rezago y lograr un mayor desarrollo del país.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García destacó la importancia de las aportaciones que ofrezcan los representantes de los sectores involucrados en CTI.

"Se hará el mejor esfuerzo por sacarla con  el mejor ánimo de que haya un instrumento de primerísima importancia en un tema de la singular significación que tiene la ciencia y la tecnología".

La iniciativa, presentada por el Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en representación del Ejecutivo, refiere como propósitos principales: Establecer estrategias de largo aliento, de  20 a 30 años, que den certidumbre a los procesos de investigación y desarrollo.

Plantea Fortalecer al Conacyt que se mantiene como un organismo descentralizado, pero se le faculta para coordinar las políticas públicas del Gobierno Federal en colaboración con las entidades federativas y otros actores.

Corresponderá al Conacyt elaborar la propuesta de Visión de Largo Plazo y el programa especial de  CTI, basado en las consultas necesarias y su órgano de gobierno será el Consejo General.

El Consejo General tendrá como principales atribuciones aprobar la visión de largo plazo,  prioridades de gasto y el  presupuesto consolidado, así como los mecanismos de estímulos fiscales y financiero, entre otros.

Se crea el  Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos de la Presidencia, con 20 especialistas designados por el Director General del Conacyt y coordinado  por un funcionario designado por el primer mandatario; su objetivo será mejorar el diseño de los instrumentos de financiamiento a la  ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Al  Foro Consultivo Científico y Tecnológico se le designa como instancia consultiva permanente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, de las entidades federativas, así como del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

A fin de alcanzar estos propósitos, plantea crear programas de evaluación de la política pública y asegurar mecanismos de coordinación y colaboración entre los sectores público, privado y académico.

Crea además la estrategia de Ciencia Abierta, para asegurar la máxima diseminación del conocimiento, en tanto que el Sistema Nacional de CTI adopta los principios de máxima publicidad, apertura y captación de recursos académicos, científicos y tecnológicos.

El Sistema de Centros Públicos de Investigación queda integrado únicamente por los Centros sectorizados en el Conacyt, para desplegar la política de ciencia, tecnología e innovación, con lo cual se establecerá un marco homogéneo y de gobernanza.

Científicos y académicos avalan iniciativa Presidencial

Cabrero Mendoza, director general del Conacyt y Juan Méndez Nonel, presidente del Consejo Consultivo de Centros Públicos e Investigación, aseguraron que México,  a diferencia de otros momentos de la historia, está en posibilidades de subirse a la dinámica de la economía del conocimiento, palanca fundamental de desarrollo y crecimiento.

La propuesta del Ejecutivo, afirmaron, está inscrita en una visión de largo plazo, pues “los sexenios son demasiado cortos para una política como la de ciencia, tecnología e innovación”, en tanto los países altamente competitivos cuentan con programas de largo aliento, con amplios márgenes de competitividad y de bienestar social.

El coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República, Elías Micha Zaga,  expresó que la iniciativa que la propuesta presidencial da un paso importante, para que México pueda enfrentar los retos del futuro.

Nos encontramos inmersos en un desarrollo científico y tecnológico vertiginoso que transforma de manera profunda el mundo que vivimos, por lo que debemos apostar a ese desarrollo como la ruta para alcanzar a los países de alta competitividad, enfatizó.

El coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, consideró que la iniciativa es de gran calado, pues aprovecha las ventanas de oportunidad  para avanzar en materia de crecimiento sustentable, con equidad.

Es un proyecto muy serio, apuntó, que ratifica la necesidad de la participación dentro del marco constitucional de los gobiernos federal y estatales, la academia y el sector privado, para obtener los logros en bien del país. 

José Franco, coordinador general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, señaló que en los últimos cinco años se han registrado avances importantes que deben consolidarse, lo cual requiere corregir y revertir de inmediato los elementos que frenan el avance del CTI.

Entre los obstáculos, refirió la falta de inversión pública y privada; la carencia de una planeación de largo plazo, así como la inexistencia de una vinculación entre científicos, tecnólogos y empresarios, lo cual provoca que proyectos tarden hasta más de 30 años en realizarse, cuando podrían concretarse en menos de la mitad de tiempo.

Los presidentes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), José Luis Morán y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), José Alonso Huerta Cruz, aseguraron que la iniciativa presidencial da respuesta a la petición de la comunidad científica de garantizar una visión a largo plazo a la investigación.

Establecieron que el verdadero desarrollo del país sólo se alcanzará con un desarrollo regional eficaz y la consolidación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación con el fortalecimiento de las capacidades locales.

En representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Víctor Gutiérrez Martínez, propuso que para disminuir la incertidumbre y riesgos de inversión, se incluya en el dictamen el capital privado, aportado por inversionistas profesionales, que es diferente a la inversión de parte de empresas de sus recursos o remanentes financieros.

Ricardo Tapia, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, propuso, por su parte, que este organismo de gobierno se integre por premios nacionales en las diversas disciplinas científicas y este sea el órgano de asesoramiento del gobierno.