Establece Manual de Proyecto Esfera normas mínimas ante desastres naturales, como sismos: IBD

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  • Más de 98 millones de llamadas de emergencia al 911, son bromas o falsas, revela el IBD, del Senado

    Ciudad de México. A pesar de las acciones realizadas por los tres niveles de gobierno para fomentar una cultura de respeto a los servicios de emergencias, es preocupante el porcentaje de llamadas falsas o de broma al  911, número único de emergencias nacional recientemente inaugurado, señala una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado de la República.

    El estudio titulado “Llamadas falsas a los números telefónicos de emergencia” detalla que, tan solo de enero a diciembre de 2017, se recibieron un total de 112 millones 460 mil 767 llamada, de las cuales 98 millones 523 mil 093 se consideraron improcedentes, equivalentes al 87.6% del total, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

  • Sanciones a quienes autorizan construir en zonas de riesgo; sólo prevenir, insuficiente: senadores

    Ciudad de México. Los sismos ocurridos en Septiembre pasado deben preparar a la población y al Estado mexicano para prevenir y reaccionar de manera eficiente, y sancionar a las autoridades que permiten construcciones irregulares que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, coincidieron senadores y autoridades en materia de Protección Civil. México no solo es susceptible a los fenómenos sísmicos, sino que ha afrontado inundaciones, tormentas tropicales y huracanes, señaló la presidenta de la Comisión de Protección Civil, senadora Angélica Araujo Lara.
    Precisó que ante estos fenómenos naturales, la población requiere estar preparada e informada para que sepa qué hacer ante aquellos desastres que no se pueden prevenir, pero también para que no se asienten en zonas irregulares, laderas o al borde de ríos o montañas.
    El presidente de la Comisión de Marina, senador Ricardo Barroso Agramont, urgió a programar recursos para atender los efectos de los desastres naturales y sancionar a quienes ponen en riesgo la vida de los mexicanos, al permitir construcciones en zonas de alto riesgo.

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