Para colmo de la mala suerte de la mandataria, en el operativo los agentes estadunidenses perdieron la vida en un accidente carretero.

Es decir: la gobernadora incurrió en un delito grave que evidentemente amerita sea sometida a Juicio Político y, en ese caso, sería señalada por traición a la Patria, lo que de acuerdo al Código Penal es suficiente para enfrentar una pena de 40 años de cárcel.

Y es que lejos de llegar con ese inimaginable as bajo la manga, la mandataria arrastra el pesado lastre de su estrecha relación con el ex gobernador de ese estado, el priísta César Duarte.

Dicha relación inició cuando la hoy gobernadora, en apuros, era diputada federal, de 2014 a 216; entonces fue acusada de recibir entre ocho y diez millones de pesos del gobierno de Duarte para asegurar su apoyo político como legisladora a las iniciativas de éste.

Más tarde en 2021, Maru Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho y un día antes de tomar posesión como gobernadora, en Septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revocó esa vinculación a proceso, argumentando falta de pruebas sólidas, lo que fue calificado por la oposición como un "pacto de impunidad".

Una vez en el poder, la administración de Maru fue señalada por "congelar" carpetas de investigación de la operación "Justicia para Chihuahua", la cual buscaba castigar la corrupción del sexenio duartista.

También ha sido acusada de reinstalar en puestos clave a ex colaboradores de Duarte y de facilitar que el propio ex gobernador enfrentara sus procesos en libertad o con beneficios procesales.

Por si fuera poco, a la mandataria se le ha criticado la contratación de múltiples créditos a corto plazo –más de 10 mil millones de pesos- para solventar el gasto corriente y deudas heredadas, al tiempo que reportes periodísticos han señalado un gasto excesivo, de cerca de dos mil millones de pesos, en publicidad oficial y comunicación social, lo que contrasta con la falta de obra pública de gran impacto y el descuido de zonas vulnerables como la Sierra Tarahumara.

No la tiene nada fácil Maru Campos y menos cuando su “padrino” político, César Duarte, se encuentra preso en la prisión de Almoloya, acusado de lavado de dinero en una operación de desvío de recursos públicos, de la cual La Fiscalía General de la República presentó 120 datos de prueba.

César Duarte también enfrenta una acusación por peculado, que asciende a 73 millones de pesos, así como 21 órdenes de aprehensión, relacionadas con la denominada Nómina Secreta y la Operación Safiro que involucra desvíos por unos mil millones de pesos para apoyar campañas políticas del PRI.

Así que: ¿qué as bajo la manga tiene la gobernadora para no ir a la cárcel?; suplicar sería impensable. Como Duarte, ¿huir, tal vez?