El dictamen avalado por 286 votos a favor, 3 en contra y 63 abstenciones, también regula servicios sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.
El documento, remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también modifica las leyes de Instituciones de Crédito; del Mercado de Valores; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; para regular las Sociedades de Información Crediticia.
De igual manera, reforma las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; para Regular las Agrupaciones Financieras; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Especifica que las ITF sólo podrán operar con los activos virtuales que sean determinados por el Banxico y éstas deberán estar en posibilidad de entregar al cliente, cuando lo solicite, la cantidad de activos virtuales del que sea titular, o bien, el monto en moneda nacional.
También el dictamen indica que ni el gobierno federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en operaciones que celebren con las ITF.
La ley prohíbe a las ITF vender, ceder o transferir su propiedad, dar en préstamo o garantía los activos virtuales que custodien y controlen por cuenta de sus clientes.
Obliga a las ITF a reportar a la CNBV, a la Condusef y al Banxico, aquella información relacionada con sus actividades, así como establecer una metodología para llevar a cabo una evaluación de los riesgos con los que operen.
Precisa que el Banxico podrá imponer multa de 30 mil a 150 mil UMA por realizar operaciones con activos virtuales o divisas, sin contar con su previa autorización, o bien, operar con activos distintos a los determinados por el mismo.
De igual manera, refiere que la CNBV y el Banxico, para hacer cumplir las determinaciones de la ley, podrán aplicar indistintamente los medios de apremio siguientes: amonestación con apercibimiento; multa de 2 mil a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); multa adicional de 50 a 100 UMA por cada día que persista la infracción y el auxilio de la fuerza pública.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, José Teodoro Barraza López (PAN), explicó que la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que opera el comercio de bienes y servicios a nivel global.
Expedir la Ley FinTech, sostuvo, representa la oportunidad de impulsar la inclusión financiera de personas a las que la banca tradicional no ha atendido y constituye un factor de competitividad, eficiencia y economía para realizar transacciones bursátiles.
Detalló que el sector Fintech se estima en alrededor de 870 mil millones de dólares, y México es el país líder en América Latina en la materia, con alrededor de 250 empresas identificadas.
Sobre el valor total de las transacciones en México, para 2018 será de 36 mil 500 millones de dólares, y se proyecta una trayectoria de crecimiento de más del 17 por ciento anual para los próximos cinco años.
Con el surgimiento de innovación tecnológica, dijo, se acrecentó el número de modelos de negocio que no cuentan con regulación y supervisión de las autoridades, por lo que resulta necesario incluirlas en el sector vigilado del sistema financiero.
Se propone regular la operación con activos virtuales, con el objetivo de mitigar los posibles riesgos que puedan surgir debido a su uso. Las instituciones de tecnología y entidades financieras podrán operar con dichos activos, cumpliendo con un régimen estricto para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“Esta Ley eleva la certidumbre jurídica de los inversionistas y usuarios de las instituciones de tecnología financiera y garantiza la estabilidad del sistema financiero en conjunto”, concluyó.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes (PES) señaló que el sector Fintech se define como una industria económica compuesta por compañías que usan la tecnología para hacer sistemas financieros más eficientes y menos costosos. “Son empresas que se dedican a operaciones con monedas virtuales, envío de remesas, plataformas de préstamos en línea y dispositivos que convierten un Smartphone en una terminal de punto de venta móvil”.
Comentó que el desarrollo de las tecnologías de información ha tenido impacto en la forma de vida del ser humano, generando nuevas herramientas de comunicación, creando nuevos canales para acceder a la educación y esparcimiento, y modificando la manera de realizar transacciones económicas.
El legislador Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) indicó que en México operan alrededor de 160 empresas de este tipo que han otorgado más de mil millones de pesos en créditos y ostentan más de 540 mil usuarios activos, siendo las modalidades de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico las más representativas del sector.
Argumentó que con este dictamen se hará énfasis en sancionar y penalizar el robo de identidad y la operación indebida e información falsa y engañosa. Mientras, las instituciones de tecnología financiera sólo podrán recibir recursos vía transferencia de una cuenta bancaria con el fin de tener un mejor control y monitoreo de los recursos financieros del sector para evitar situaciones de lavado de dinero.
La diputada Mirza Flores Gómez (MC) señaló que del 100 por ciento de usuarios de internet en el país, el 87 por ciento realiza por lo menos algún servicio que tiene que ver con tecnología del ámbito financiero, siendo el 52 por ciento mediante un dispositivo móvil y el 38 por ciento en el trabajo.
Manifestó que con este mecanismo se busca dar certeza jurídica a los usuarios de los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías, detectar, controlar y detener el lavado de dinero, y dar certeza y seguridad a los usuarios.
Por su parte, la legisladora Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM), dijo que estas instituciones financieras utilizan la tecnología para elaborar sistemas financieros más eficientes, menos costosos y al alcance de un mayor número de personas.
Estas empresas ofrecen servicios de pagos, envíos de remesas, préstamos, gestión de finanzas empresariales o personales, inversiones, seguros, educación financiera, ahorros, mercados y entidades financieras alternativas.
Al fijar su postura, el diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena, dijo que “idealmente la ley tendría que tener límites más claros en lo que constituye a cada medio financiero y tener disposiciones más específicas en términos de cómo beneficiará al consumidor y se traducirá en apoyos concretos a los consumidores”.
Sostuvo que se debe tener una discusión sobre el resto de lo que involucra al sistema financiero, a fin de “tener un sistema financiero que genere enormes rendimientos, el cual ha avanzado muy poco en la bancarización en general. Ojalá que este interés por regular mejor el sistema financiero en el corto plazo, también sea por los beneficios concretos del mismo”.
El legislador perredista, Norberto Antonio Martínez Soto, expuso que las plataformas tecnológicas y en línea han demostrado reducir costo y tiempo, ampliar el abanico de alternativas para préstamos e inversiones y brindar herramientas a las nuevas generaciones para que se inserten en el mercado laboral y empresarial.
Dijo que existe la necesidad de actualizar y modernizar las reglas de prestación de servicios financieros, así como regular las operaciones financieras basadas en nuevas tecnologías que no tienen control por parte de las autoridades.
El legislador Chrisitián Carrillo Fregoso (PAN) argumentó que en los últimos años con el surgimiento de innovaciones tecnológicas se acrecentó el número de modelos de negocio que no cuentan con una regulación y supervisión por parte de las autoridades sobre las operaciones financieras que llevan a cabo con sus clientes, por lo que “resulta imperante incluirlas en el sector regulado y supervisado del sistema financiero”.
Ante ello, estimó pertinente aprobar esta regulación, a fin de contar con un marco jurídico que regule el correcto actuar de las instituciones de tecnología financiera. “Contar con una regulación específica y adecuada para las Fintech, además de fortalecer su existencia, actuación y desarrollo, contribuirá al constante perfeccionamiento y actualización de nuestro sistema jurídico mexicano”.
El diputado Ricardo David García Portilla (PRI) destacó que México es líder en América Latina en las empresas de tecnología financiera. Se estima que el crédito otorgado es superior a los mil millones de pesos y tiene más de 540 usuarios inactivos que no tenían una regulación específica para ese tipo de inversión; este liderazgo en la tecnología financiera, acotó, se debe al incremento en el uso de internet fijo y móvil.
Ante ello, sostuvo que al aprobar esta ley, México será el primero en contar con una regulación específica para el sector de la nueva industria de tecnología financiera. Se trata, apuntó, de “una ley aprobada por unanimidad en el Senado de la República y analizada, discutida y estudiada en la Comisión de Hacienda; una ley, que pondrá a México a la vanguardia en materia de empresas tecnológicas”.
Con 265 votos a favor, 61 en contra y 9 abstenciones se avalaron en lo particular y en términos del dictamen los artículos reservados 3, 19, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 37,101 y 103.
Previo a la discusión, se desechó una moción suspensiva presentada por el diputado Juan Romero Tenorio (Morena).
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 6 de marzo, a las 11:00 horas.