Lejos de pretender la defensa del actual mandatario -por aquella su declaración de que esta conducta ya es parte de la cultura mexicana-, lo cierto es que la obtención de ingresos por esta vía es, básicamente, una u otra cosa:

O es la oportunidad de enriquecimiento personal y familiar –de alcance incluso transgeneracional- o bien, representa la alternativa para compensar el siempre insuficiente ingreso de cada quincena, cada mes, cada año.

Así, en el último siglo, la corrupción se convirtió en un complejo sistema de complicidades e impunidad, sostenido por poderosísimos intereses que se encuentran en su zona, digamos, de confort, de la que, desde luego, sus beneficiarios no quieren salir, es decir, el Estado, y más precisamente, los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión.

Pero la corrupción trasciende la estructura del Estado: sus cómplices se encuentran por fuera, bajo la forma de proveedores, tanto del país como del extranjero. Y suelen ser, por lo general, poderosas empresas trasnacionales con un poder para corromper tan grande, que sólo es equiparable al poder de fuego de los también trasnacionales cárteles del narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas.

El caso Odebrecht es de lo más ilustrativo, si bien no el único.

Pues bien: al combate a la corrupción, el tabasqueño ha dado tal importancia que, del éxito que obtenga, depende la disponibilidad de recursos para la inversión pública. En el primero de los cálculos que ha hecho, habla de más de 400 mil millones de pesos, un monto que sobrepasaría los 500 mil millones, si se considera los recursos adicionales derivados de tener un gobierno austero.

Si bien dichas cifras hablan de, por ejemplo, incrementar al doble las pensiones para adultos mayores; ampliar la capacidad de las universidades públicas –por la consecuencia de eliminar los exámenes de admisión-; fortalecer el salario mínimo y aumentar los sueldos de policías, soldados, maestros, enfermeras y médicos, entre otros servidores públicos, también representan el tamaño de los intereses a enfrentar.

Es decir: se trata de un monto que el eventual gobierno de López Obrador va a disputar a delincuentes y corruptos, a organizaciones delictivas, a aquellos que en el último siglo han acumulado poder y riqueza, mediante complicidades, impunidad y complacencias y aún a costa de lo que sea.

Por eso la pregunta: ¿habrá de lograrlo en seis años, es viable que lo consiga?

Si el tabasqueño alcanza ahora si la Presidencia, acaso estemos a las puertas de una nueva guerra, independientemente de que, como con Calderón, sea declarada: es perfectamente previsible que los corruptos no habrán de quedarse sentados, de brazos cruzados, nomás a ver cómo el nuevo régimen los despoja de sus privilegios.

Quizás la profundidad y la gravedad de los cambios que se requieren –de mucho mayor alcance que las “reformas estructurales”-, nos hagan considerar que no bastarán ni la voluntad política presidencial, ni todo un sexenio y que sin duda, será fundamental el acompañamiento de la sociedad.

Aceptar algo así sea acaso más sensato que sólo esperar a que las cosas sucedan.