Rango constitucional

De todo ese cúmulo de asuntos legislativos, llamó particularmente la atención del gremio periodístico la iniciativa que presentó el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

El panista propuso elevar a rango constitucional la confidencialidad de las fuentes de información de los periodistas, y colocar en ese mismo rango la facultad de atracción de la futura Fiscalía General de la Nación en delitos cometidos contra periodistas.

Su propuesta contempla incorporar una Fiscalía Especializada para la atención de los delitos cometidos contra periodistas; garantizar la protección de los derechos de libertad de expresión, información, difusión y derechos digitales facultando al Congreso para expedir la Ley General en la materia.

En su intervención, Fuente Solís se lanzó contra la irritación que al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le produce la crítica. Le dijo:

“Llamamos al Presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a las nuevas autoridades que lo acompañan en su gobierno a serenar su ímpetu defensivo, a poner en práctica la tolerancia que durante tantos años en la oposición reclamaron”.

Y, encarrerado, le reclamó la apertura que ofreciera en campaña electoral y “evitar descalificaciones a los medios de comunicación y a la prensa, al escrutinio periodístico y a las opiniones críticas”.

No se vió, desde luego, pero sin duda por la mente del legislador pasaba la demoledora portada de la revista Proceso y la entrevista de Álvaro Delgado al constitucionalista Diego Valadez; desde luego, también la reacción de molestia que el inobjetable trabajo periodístico desató en el ánimo del tabasqueño.

Marihuana, libertad

Luego, otro tema: la aprobación del consumo con fines lúdicos de la marihuana, a cargo de la senadora Indira Kempis Martínez, del Movimiento Ciudadano o como mejor los conoce la teleaudiencia, el movimiento naranja.

Confesó la senadora desde su inicio que si bien se incluye entre quienes “pensamos que el uso medicinal de la marihuana es importante ante los avances médicos y científicos”, se considera también parte “de los que vemos sin prejuicios el uso recreativo o lúdico de la marihuana”.

Su propuesta para despenalizar el consumo de cannabis con fines lúdicos reforma  a la Ley General de Salud Pública en sus artículos 234, 235 Bis, así como la fracción IV y el párrafo último, de la fracción V del artículo 245 y 479, y el último párrafo a los artículos 247, 456, 474, 477 y 478, todos de la Ley Federal de Salud.

“Tenemos que ocuparnos en los rubros que vayan más allá de la legalidad y que estriban en el ejercicio de las libertades, la responsabilidad del Estado ante éstas y sobre todo ante la salud pública y la seguridad, así como la información que entreguemos en las escuelas y desde casa, respecto a este debate”.

La senadora Kempis Martínez planteó que claramente son muchas las implicaciones, “no nada más es decir, si estamos a favor o en contra de la marihuana en sus diferentes usos, sino de entender las corresponsabilidades  que se derivan de tal libertad”.

Y en ese sentido, precisó que lo más importante es preguntarnos, “por ejemplo, si los gobiernos locales están listos para enfrentar este tipo de libertades; si están preparados o estamos preparados en términos de prevención del delito, de salud pública y en atención a las adicciones; estamos preparados para enseñar a nuestras juventudes o educarlos en términos de uso e impactos de las drogas; son cuestiones duras, pero tenemos que confrontar  este problema público”.

Cero discriminación

Y en medio de tanto debate, una aprobación: garantizar el derecho a la seguridad social, servicios y prestaciones de las parejas del mismo sexo, algo que la asamblea aprobó con 110 votos, en ese momento, unanimidad.

El proyecto modifica las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; además, elimina el lenguaje sexista y discriminatorio de esos ordenamientos.

Precisa que las reformas son necesarias para que no se presente ningún caso que niegue el otorgamiento de los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama dijo que este dictamen tiene un alto valor simbólico y enfatiza los principios de libertad y bienestar sin discriminación.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Gricelda Valencia de la Mora dijo a su vez que la aprobación de este dictamen se da después de un proceso de lucha y conquista por el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las comunidades lésbico-gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual e intersexual, “a quienes les expreso mi reconocimiento y apoyo”.

Debemos proteger el vínculo familiar que pueda derivar de una relación entre una pareja del mismo sexo y donde el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que provienen de ese vínculo familiar, puntualizó.