En el documento aprobado, el Senado también solicitó que, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, se establezca un diálogo permanente, plural y abierto que permita el análisis de la situación en materia migratoria y el establecimiento de acciones que hagan frente a las nuevas realidades en la materia.
Al mismo tiempo, pidió al Poder Ejecutivo un informe sobre las medidas, acciones y políticas de atención a la población migrante en Estados Unidos y en proceso de retorno a México, ante el cambio en las dinámicas migratorias por la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.
En el dictamen, aprobado por el Pleno del Senado, se precisa que ante las decisiones que ha tomado el Presidente de Estados Unidos en materia migratoria, es necesario establecer desde México una política que contrarreste su discurso y acciones en ambos países.
Al comentar el anuncio gubernamental del aumento del presupuesto de los consulados para la atención de la población mexicana en Estados Unidos, hicieron notar que, hasta ahora, no se han expuesto otras medidas tales como:
Un programa de integración y reintegración; programas de defensa de connacionales para su permanencia en Estados Unidos y para casos de separación de familias, salarios pendientes, recuperación de pertenencias y la defensa de sus derechos humanos en general.
Asimismo, se demandan acciones que garanticen el ejercicio de los derechos de quienes regresen a México, por lo que la participación de diferentes instancias de la Administración Pública Federal y locales es importante.
En otro dictamen, el Pleno del Senado también aprobó un exhorto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a diseñar e implementar una campaña que prevenga cualquier tipo de discriminación con motivo del retorno, voluntario o forzado de los migrantes mexicanos y facilite su integración en las comunidades de destino.
También demandó que la Cancillería informe si una parte del presupuesto extraordinario otorgado a los cincuenta consulados mexicanos en Estados Unidos, está destinada a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares denuncian.
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