Destacó que la revisión, por parte de las autoridades a la reputación de los adoptantes, garantizaría que los menores sean adoptados por personas que los protegerán y cuidarán como si fueran sus propios hijos, con el objetivo de no exponer su integridad.

El artículo 410 E –dijo- señalaría que la adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.

Resaltó que podrán ser sujetos de adopción internacional, los menores con calidad de refugiados señalados en el artículo 89 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que radiquen en territorio nacional y se compruebe que son huérfanos o sea imposible identificar parientes consanguíneos en su país de origen.

Expuso que para esos efectos, el juez de lo familiar deberá girar oficio a las policías nacionales e internacionales para dilucidar la existencia de alguna alerta sobre la persona que trata de adoptar.

Cuéllar Cisneros señaló que la situación es alarmante, porque cada año muchos de los que se internan en nuestro país, se quedan aquí al complicarse su viaje hacia el norte, e indicó que el Instituto Nacional de Migración estima que hay unos 40 mil niños deportados de Estados Unidos hacia México cada año, y de estos, al menos 18 mil viajaban solos.

Puntualizó que no existen cifras que  indiquen cuantos viven en México ni el tiempo que están aquí, además, en muchos casos los menores terminan en albergues al no contar con medios para subsistir o carecer de apoyo por parte de familiares.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.