La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, aseguró que “las y los familiares de personas desaparecidas son voces con gran autoridad moral para decirnos qué hacer y qué no hacer en esta materia. Yo me llevo de ustedes la satisfacción de escucharlos”.

Además, dijo, es importante decir que “ya tenemos legislación para una búsqueda de personas más eficiente y para que las autoridades sean más sensibles. Se trata de un antes y un después construido entre todos”. 

De Morena, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez destacó los cambios logrados desde el Poder Legislativo para robustecer el marco jurídico, porque ahora se contará, por ejemplo, con la Plataforma Única de Identidad, que será un punto muy relevante para la búsqueda de personas.

La senadora Araceli Saucedo Reyes, de Morena, subrayó que el gobierno de la república ha dado un paso agigantado en materia de búsqueda de personas; consideró que también es importante involucrar a estados y municipios para que haya un trabajo coordinado y se logren mejores resultados. 

Olga Patricia Sosa Ruíz, senadora de Morena, habló de la importancia de que quienes integran el Consejo Nacional Ciudadano se guíen con valores éticos, que contribuyan a la construcción de acuerdos con diferentes visiones y generen articulación con organizaciones de búsqueda estatales y locales. 

A su vez, la senadora Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, consideró que “no deberíamos estar en esta situación porque las instituciones encargadas tendrían que responder”, por lo que estimó importante que las fiscalías locales escuchen y arropen a las organizaciones civiles de búsqueda. 

Del PVEM, la senadora María del Rocío Corona Nakamura reconoció la reforma en materia de búsqueda de personas, porque habrá una base nacional de carpetas de investigación sobre ese delito, la Plataforma Única de Identidad e incorpora la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares. “Servirá para hacer frente a un problema social que nos ha rebasado a todos”, agregó. 

En su comparecencia, Miriam Jaqueline Palmero Rosas relató que es madre buscadora porque hace cinco años desapareció su hija, por lo que ahora está en la defensa de las niñas, niños y adolescentes que son revictimizadas o desaparecidos. Sostuvo que es posible trabajar en equipo entre las instituciones y las familias para construir soluciones, sobre todo cuando son menores de edad, quienes no son vistos ni reconocidos, por lo que es fundamental “consultar” a las familias.  

Marco Antonio Velázquez Sosa dijo ser tío buscador, porque su sobrino desapareció cuando migró en busca del sueño americano, por lo que una de sus propuestas es que las familias sean la voz de los desaparecidos, incluidos los migrantes; que se usen las redes sociales para fomentar la prevención de la desaparición y para la localización. 

Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido en desde 18 de marzo de 2017, precisó que de llegar al Consejo promovería herramientas que permitan eficientar las búsquedas, porque “nuestros familiares pueden estar en situación de calle en algún lugar del país o fuera de él”. 

Emanuel Adrián Jiménez García, inscrito al proceso en el bloque de organizaciones civiles, subrayó que “trabajamos por justicia, verdad y memoria; esta es una postulación que no es solo mía, sino un esfuerzo en conjunto de los colectivos de lucha, resistencia y construcción de propuestas”. Desde el Consejo, comentó, impulsará la participación vinculante de las familias de personas desaparecidas.

También de organización civil, Blanca Patricia Talavera Torres estimó contar con la experiencia necesaria para ser parte del Consejo. “Mi propuesta es cerrar espacios a la ineficiencia gubernamental, a la corrupción y la indolencia de las instituciones, porque a veces ven a las personas desaparecidas como un número más”, señaló. 

A su vez, María del Carmen Zamora Villedas señaló que hay un gran problema de desapariciones, particularmente en el Estado de México, entidad en la que falla su fiscalía, los recursos no llegan a las células de búsqueda, no hay patrullas y hay muchas carencias que imposibilitan las búsquedas. Denunció que entre febrero y mayo de este año el colectivo en el que participa encontró 10 cuerpos en el Canal Cartagena, en Ecatepec, pero “hay oídos sordos y las autoridades han normalizado las desapariciones”. 

Por su parte, Omaira de Jesús Ochoa Mercado aseveró que sin las familias y sin organizaciones civiles no es posible un sistema nacional de búsqueda legítimo y eficaz, por lo que “mi participación en el Consejo estaría centrada en las víctimas, en impulsar mecanismos con enfoques diferenciados y el fortalecimiento de las capacidades institucionales”.