Dijo también que la sentencia por la renuencia de los demandados a comparecer en el Tribunal, equivale, por tanto, a admitir la validez de la demanda, “entonces en la justicia normal, digamos, la apelación que se puede presentar en un Tribunal local, pues ya no opera, obviamente.

“Y, por lo tanto, la sentencia de ayer es una sentencia definitiva. Claro, podría cuestionarse el monto, pero eso no tiene sentido para los propios demandados, porque da igual el monto que fuera”.

La Presidenta Sheinbaum, en su turno, dijo que el monto de lo que el ex funcionario policial y su esposa deben devolver a la hacienda pública mexicana, unos 48 mil millones de pesos, equivale a la construcción del tren a Pachuca.

Y en ese sentido –a pregunta expresa- admitió que García Luna se robó un tren completo: “Las vías, el balasto, lo que se paga a los trabajadores, si”. Equivale también, agregó, al pago completo, durante un año, del programa de Pensión Mujeres Bienestar.

“O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que, en este momento, es de mil 500 pesos bimestrales y representa más o menos esa cifra: 50 mil millones de pesos”, precisó.

El responsable de la UIF, Gómez Álvarez, anunció también nuevas noticias en relación al caso García Luna-Cristina Pereyra, porque, adelantó, existen pruebas de que parte de ese dinero fue a parar al financiamiento de campañas políticas.

“Una cosa también interesantísima: parte de este dinero fue a dar a campañas políticas, y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, eso es en el juicio mexicano, ¿me entienden?, porque esto se tiene que ver también en los Tribunales mexicanos.

“Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos, y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante, no hay que detenerse”, dijo el funcionario.

Al respecto, aseguró que si bien el financiamiento a campañas políticas se trata de una cantidad no muy grande, para estos niveles de corrupción y lavado de dinero, es significativa para el gasto político, en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales.