“Él o la periodista velará porque la difusión de la información de opiniones no contribuya al odio o a los prejuicios y hará todo lo posible por no facilitar la propagación de la discriminación por motivos de género o de orientación sexual”.

Aquí existimos, resistimos, nuestro cuerpo es nuestro, nuestros derechos son nuestros, y tenemos grandes feministas aliadas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados para seguir consolidando éstas y otras tantas herramientas, puntualizó la legisladora.

La activista Olimpia Coral Melo, quien impulsó la ley que lleva su nombre, tras sufrir un caso de violencia digital, explicó que el posicionamiento derivado de esta cumbre es que los países de Latinoamérica que no cuentan con una norma para sancionar los delitos de violación a la intimidad sexual en internet se comprometan a trabajar en ello.

Por otra parte, hizo un llamado a los dueños de grandes empresas tecnológicas, como Google o Facebook, para que asistan al próximo encuentro de Defensoras Digitales; “no nos tengan miedo, no nos cancelen a la mera hora y no se vayan sin discutir, si quieren escuchar a las mujeres, aquí hay espacio para escucharlas, pero no se queden solo con escucharnos sin actuar”, enfatizó.

Rocío Muñoz Flores, Asesora Regional de Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) dijo que es de vital importancia poner en el centro de las agendas de los países las necesidades de las sobrevivientes de violencia digital, así como la asignación de recursos para la implementación de marcos normativos y de política pública que ayuden a reducir y eliminar los impactos de este tipo de violencia.

Entre los puntos que más destacan del posicionamiento colectivo de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, se encuentran:

Desestabilizar el imperio digital que actúa como cómplice de la violencia; la aprobación de una Ley Olimpia en cada país de América Latina, para reconocer, eliminar y castigar la violencia digital; la demanda de crear una entidad especializada con perspectiva de género para atender este tipo de violencia; así como garantizar la reparación integral a las víctimas. (Boletín, Senado)