El senador morenista expresó que es sabida la capacidad y el impacto del crimen organizado. “Pero también confiamos, dijo, en el despliegue y la determinación de la Fuerza Armada permanente, para atender los problemas de seguridad como hasta ahora lo han venido haciendo”.

Reconoció igualmente el esfuerzo y sacrificio que soldados y marinos realizan en el cumplimiento de estas tareas: “rendimos homenaje a los caídos o heridos en el servicio a la sociedad, como lo hacemos también con ciudadanos” y con los elementos de la Guardia Nacional que han sacrificado su vida o han sido heridos en su tarea para proteger a familias y comunidades.   

El senador dijo que los legisladores federales están conscientes de la necesidad constitucional sobre el retiro paulatino, ordenado y supervisado de la Fuerza Armada permanente en las tareas de seguridad pública, en el plazo acordado por el órgano reformador de la Constitución. 

A su vez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la ineficiencia del Poder Judicial deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, y “continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar, todos, en la limpieza urgente que ese Poder necesita para funcionar correctamente, solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia”.

Sostuvo también que la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, en los plazos acordados por el Congreso, no buscan militarizar al país, sino cumplir con eficacia y eficiencia el mandato del pueblo de acabar con el lastre de la inseguridad.  

No hay institución mejor preparada, capacitada y organizada que las Fuerzas Armadas, para continuar con la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado, afirmó.  

Dijo que con ese propósito se diseñó la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución, en materia de Guardia Nacional, con el fin de otorgar una ampliación de nueve años para que el presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.  

Con esta reforma, necesaria para poder concretar con éxito las acciones para pacificar al país y garantizar la seguridad, implantadas por este gobierno del cambio y la transformación, la Fuerza Armada permanente, acotó, “no sustituirá a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno ni eximirá a dichas autoridades de su responsabilidad en materia de seguridad pública”.  

Contrario a lo que se ha expresado, afirmó, para nosotros las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales, pues en la Estrategia de Seguridad del Gobierno federal se prioriza la vida y la paz, por encima de los operativos espectaculares para conseguir medallas.