“Sin estadísticas confiables y accesibles. es imposible evaluar el impacto de las políticas públicas existentes o diseñar acciones correctivas que respondan a la gravedad de la situación.

“El acceso a estas cifras debe convertirse en un compromiso prioritario del gobierno para garantizar que cada caso sea visibilizado y que las víctimas no queden relegadas al olvido. Así como la revisión de la información actualizada del estatus en cuanto a los avances, eficiencia y seguimiento correspondiente de cada una de las declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en las entidades federativas y los municipios involucrados, para la toma de decisiones y que se analice una posible reforma que ayude a solucionar la problemática”, exigió.

La legisladora recordó que la Segob por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha declarado 26 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 24 entidades federativas en las que se incluyen 643 municipios.

Sin embargo, remarcó que, a pesar de los esfuerzos realizados, a lo largo de los años no se ha logrado que las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tengan el impacto esperado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres en México.

“La inconsistencia en la información impide dimensionar la gravedad del problema, limitando la capacidad de los gobiernos para formular políticas públicas efectivas, actuaciones de la sociedad civil organizada, legisladores o cualquier otra persona que los requiera. Sin una base estadística sólida, cualquier iniciativa y acción de mejora corren el riesgo de quedarse en buenas intenciones”, comentó.

Ceja García puntualizó que, aspectos como la edad de las víctimas, el lugar donde ocurrieron los hechos, el tipo de violencia previa y las relaciones con los agresores son datos que con frecuencia no se registran de manera adecuada, lo que dificulta identificar patrones y contextos que podrían ser clave para implementar estrategias preventivas.

“No sólo se deben unificar los criterios de clasificación en todo el país, sino también garantizar que la información se recopile de manera oportuna y con estándares claros. Además, es fundamental incluir variables relevantes, como las circunstancias del delito, antecedentes de violencia, intervención previa de las autoridades y perfiles tanto de las víctimas como de los agresores”.
Sin este diagnóstico integral, abundó, las autoridades continuarán actuando a ciegas, sin entender realmente las dinámicas que perpetúan estos crímenes. La falta de información es, en sí misma, una forma de negligencia institucional que condena a miles de mujeres a la violencia y la muerte.

“Es urgente que se asuma la responsabilidad de implementar mecanismos efectivos de recopilación y análisis de datos, con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Solo entonces se podrá enfrentar el feminicidio como lo que es, una emergencia nacional que demanda respuestas inmediatas y contundentes”, demandó. (Diputados, Boletín)