El diputado Monreal Ávila subrayó que la reserva es importante porque mantiene la operación técnica de manera independiente, porque se crean dos instituciones para atender las funciones técnicas del IFT y la Cofece. Por eso, todas las funciones de los órganos ahora en proceso de extinción van a ser reasignados a las secretarías de Estado o a la Administración Publica donde corresponden, “desde nuestro punto de vista”.

Destacó que cerca de 15 mil millones de pesos se podrán reasignar al presupuesto para educación, salud, campo, agua, a la UNAM y universidades. “Esa es la idea; que con estos 15 mil millones podamos atender estos reclamos que nos parecen son prioritarios” 

Las reformas que se han aprobado a la Constitución, dijo, son para frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado nacional, darle lugar al Estado mexicano que sea el rector de la economía y el rector social de la sociedad. 

A su vez, el diputado José Luis Téllez Marín (PT) mencionó que estos órganos que se proponen permitirán una mayor competencia en el país y en todo el mundo, lo que causará mayores niveles de bienestar a todas y todos los mexicanos, incluyendo a los que menos tienen y a los más vulnerables. 

Irais Virginia Reyes De la Torre, diputada de MC, resaltó que el organismo de telecomunicaciones ahora será controlado por el gobierno y perderá su autonomía e independencia. “Vamos en contra de la propuesta porque es un parche engañoso a la reforma constitucional; se busca engañar sobre la libre competencia y telecomunicaciones”. 

Por Morena, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno argumentó que no solo es la reestructuración de la Administración Pública o una garantía en el cumplimiento de tratados internacionales, sino que tendrá beneficio directo para el pueblo de México y abona a garantizar un mercado sano que ofrezca a los consumidores calidad en los bienes y servicios, precios accesibles y una oferta amplia para una mejor elección.

La reserva determina que el Ejecutivo Federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución y las leyes.

Para tal efecto, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto, tales como ordenar medidas a fin de eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.

Además, el Ejecutivo Federal, a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.

Impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Las normas generales y actos emitidos en materia de libre competencia y concurrencia, así como en telecomunicaciones y radiodifusión, en cumplimiento de las facultades atribuidas en los párrafos décimo quinto al décimo noveno de este artículo, o las omisiones en las que incurran, podrán ser impugnadas únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. 

Solamente en los casos en que se impongan multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. 

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución. En ningún caso se admitirán recursos constitucionales contra actos intraprocesales.

De igual modo, se incluyeron los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios, en donde se establece que las modificaciones a los párrafos décimo quinto a vigésimo del artículo 28 que se reforman en el presente decreto, entrarán en vigor en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el siguiente párrafo.

Precisa que el Congreso de la Unión expedirá las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia, y en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 28 de la Constitución.

La autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos.

Además, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguirán al momento de la entrada en vigor del decreto, de conformidad con el artículo Décimo Transitorio. Los actos emitidos por dichos órganos con anterioridad a la entrada en vigor el presente decreto, en términos del artículo Décimo Transitorio, surtirán todos sus efectos legales.

Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica que continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del decreto, en términos del artículo Décimo Transitorio.

A partir de la entrada en vigor del decreto, la entidad paraestatal denominada Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones quedará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Resalta que decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste, salvo lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio. 

Subraya que una vez que entre en vigor la legislación a la que hace referencia el artículo Segundo Transitorio, se entenderán extintos los entes públicos a los que hace referencia el presente decreto, salvo lo dispuesto en los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios. 

Soberanía sobre litio, minerales y electricidad

Además, se aceptó la reserva de la diputada Maribel Martínez Ruiz (PT), al artículo 27 párrafo sexto, a fin de fortalecer el Estado nacional frente al interés económico y regresar a un Estado nacional y con instituciones que vean el interés nacional y no por el de ciertos grupos.

El propósito es regresar la redacción actual y publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 31 de octubre de 2024, relativa a la soberanía nacional sobre los recursos naturales, el litio, los minerales y la electricidad.

Queda: “En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.

El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos y litio no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional en los términos del artículo 28 de esta Constitución, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones.

Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.

Para referirse a la reserva participaron la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) y los diputados Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), Federico Döring Casar (PAN), Juan Carlos Varela Domínguez (Morena), Leonel Godoy Rangel (Morena) y Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI).

También, en la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas, enviadas al Diario de los Debates o no se admitieron a discusión, por lo que fueron desechadas. 

El dictamen, que modifica los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución Política, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Con lo aprobado se derogan las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). (Boletín, Diputados)