Tras la derrota de su candidata, el Presidente ha puesto por delante su desánimo, desconfianza y desencanto, no tanto por la derrota misma, como porque quien quedó al frente de la Corte es alguien que, lo menos, está al otro extremo de la 4T: el mandatario hizo notar que la ahora ministra presidente siempre votó en contra de los asuntos de la Cuarta Transformación. Y es que en su perspectiva reformar al Poder Judicial para abatir su persistente corrupción era una meta que por naturaleza le correspondía sólo a su gobierno y sus leales. Y de ninguna manera a una ministra vinculada con regímenes marcados por la oprobiosa corrupción.

Sobre este punto hay que decir que la promesa de abatir la corrupción judicial –expresadas por la nueva ministra presidente de la SCJN en el proyecto que presentó al pleno para convencer a los ministros de que su candidatura era la mejor-, lo menos, fue vista con desdén por López Obrador, a pesar de que Norma Piña habla de activar el Sistema Nacional Anticorrupción dentro del Poder Judicial.

Y es que dicho sistema nunca ha sido puesto en marcha, tampoco por la 4T, a pesar de que coincide plenamente con su principal bandera y no obstante que está contemplado en el texto del artículo 113 constitucional, es decir, a pesar de que forma parte de la Constitución General de la República la misma que el Mandatario –como todos sus antecesores- prometió cumplir y hacer cumplir, junto con las leyes que de ella emanen.

Y la única explicación, tanto al desdén como a la indiferencia al precepto constitucional, subyace en que dicho Sistema, simplemente no es autoría del Presidente en funciones, sino que viene del sexenio anterior.

La reforma anti corrupción al Poder Judicial, en primera instancia -hay que recordarlo-, debía emprenderla el presidente saliente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hasta hace poco, de todas las confianzas del mandatario, y respecto de quien López Obrador intentó alargarle el mandato un par de años para habilitarlo a fin de transformar al Poder Judicial: una maniobra legal que a la postre, no prosperó. Su segunda opción era su cercana, Yasmín Esquivel. Pero ahora sabe que con ella tampoco se va a poder.

Lo cierto es que la corrupción permea todos los órdenes de la vida pública desde hace decenios y aún ahora. Y en el caso del Poder Judicial tenemos ejemplos de ello, un día si y otro también: aplazamientos de juicios, amparos, liberaciones de delincuentes, a quienes muchos jueces obsequian con estos y toda clase de recursos legales para evadir la acción de la justicia y garantizarles impunidad, en decisiones contra toda lógica y ante la sorpresa de una opinión pública cada vez más maliciosa que confirma cotidianamente que la justicia, está al servicio del mejor postor.

La ministra ahora presidente de la SCJN, Norma Piña, fue propuesta para integrar el máximo tribunal del país por el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así las cosas, es difícil no verla como una incondicional de éste, sobre todo ahora, en función de lo que revele Genaro García Luna en Estados Unidos, y lo que se decida a hacer aquí el fiscal general de la República.

La pregunta es: ¿sentirá Norma Piña que le debe algo a Peña Nieto y a sus colaboradores?; ¿creerá que está ahí para protegerlo e incluso para desbarrancar otros asuntos, como los que enfrenta Lozoya?

Sus hechos, su actuación, sus decisiones respecto a estos casos y otros habrán de definirla como una honorable estadista, algo de suma relevancia dada su condición de mujer, la primera en presidir la Corte. Y una que claramente, sin estar de acuerdo con López Obrador, habría de coincidir con éste.

O tal vez, lo que la ministra presidenta decida no hará sino confirmar que está al servicio de la camarilla que la colocó en el Poder Judicial.