O para quien lo desee, podremos llamarla también Estatidemia, por los decretos estatifílicos por estar cargados de barreras que limitan cada vez más la participación de inversionistas privados en las actividades productivas que los nuevos jerarcas de la política nacional insisten en aplicar para caminar hacia una mayor equidad en la distribución del ingreso.

En otras palabras, para trabajar en disminuir la pobreza, aunque no es experimento novedoso o aplicación científica de un modelo económico ni moda ni nada que se le parezca, sino el capricho presidencial que añora el modelo de empleado en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz llamado Desarrollo Estabilizador, combinado con el estatismo a ultranza impuesto a principios del Siglo XX en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas que lo único que lograron fue que una casta dorada de burócratas se apropiara de las riqueza generada por la clase trabajadora, que siguió siendo menesterosa. Los líderes de la URSS de ayer, forman ahora la lista de los hombres más ricos del mundo, como Vladimir Putin, cuya fortuna se calcula en 200 mil millones de dólares. ¿De dónde, si la URSS fue disuelta en el año de 1990? Recuérdese que en esa región no existía la propiedad privada.

Negros nubarrones en el horizonte

Hay quien atribuye a Manuel Bartlett (el papá, no el transa que intentó vender a un sobreprecio de más de mil por ciento respiradores artificiales al IMSS de Zoe Robledo) el impoluto personaje, cuya fortuna ya fue lavada con los poderosos detergentes que emanan del dedo de Andrés Manuel López Obrador) la autoría del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con el título kilométrico Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía, mismo que frena la inversión privada en generación de energía eléctrica “limpia” (agua, viento y solar), habiéndose signado compromisos  previos con empresas canadienses.

Otros atribuyen la maniobra estatófila a Rocío Nahle, secretaria de Energía, aunque es un exceso de ingenuidad esta suposición, a juzgar por el papelón que hizo en la reunión cibernética de la OPEP el pasado 9 de abril, al negarse a reducir la producción de crudo mexicano para equilibrar oferta con demanda para vender a mejor precio este recurso energético, y cerrar su laptop y levantarse, para luego después ceder a una orden de Doland Trump a extraer menos 100 mil barriles diarios del crudo mexicano. Como puede verse, su inteligencia no da para tanto, además de que “no se manda sola”, como dice Ciro Gómez Leyva, luego entonces la mano que mece la cuna es otra, porque al Presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco se le concede tanta materia gris.

Ahora viene lo bueno o, mejor dicho, lo malo: varios diputados de oposición, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), La Concamin, el IMEF, la Coparmex y hasta la embajada de Canadá en México consideran que los proyectos eléctricos en 18 entidades federativas de todas las tecnologías se verán dañadas, donde hay inversiones por más de 30 mil millones de dólares.

#Comunicado | La Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores. pic.twitter.com/wmt3Ccds83

— CCE (@cceoficialmx) May 17, 2020

Habrá, auguran, una lluvia de amparos y litigios contra de este decreto, porque contradice varias disposiciones de la Constitución, Ley Madre de todo estatuto, decreto, código, reglamento, ordenanza, ocurrencia o puntada (aunque sea presidencial) y el Gobierno terminará pagando algo así como 150 mil millones de pesos de indemnización por incumplimiento de contratos, además de que se perderán miles de empleos y el medio ambiente sufrirá un grave deterioro que por el uso de energía sucia derivada del petróleo.

“El sector privado —incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía— agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho en México”, publicó el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar Lomelín.

Sobre el mismo caso, la Embajada de Canadá aseveró que están en riesgo proyectos de energía renovable de empresas canadienses en el país con valor de 450 mdd.

Además, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, (Concamin), presidida por Francisco Cervantes Díaz, impugnó el decreto, al que ya que contempló que inhibiría la inversión nacional y extranjera en proyectos de generación de energías renovables.

“Algunas de las empresas generadoras afectadas por estas disposiciones han recurrido ya al amparo, y probablemente otras harán lo propio en los próximos días, además, no se descarta la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales de inversión”, añadió. Cervantes Díaz.

A su vez, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) discurrió que el documento publicado el viernes por la noche es “ilegal” y previno que en el mediano plazo se afectará el medio ambiente, además de que disminuirán las oportunidades de trabajo y se rompe el Estado de derecho.

American Chamber/México (AmCham), dirigida por Jorge Luis Torres; el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) a cargo de Ángel García-Lascurain Valero, coincidieron en vaticinar que con este tipo de medidas se desalienta la inversión privada y se verá afectada gravemente la creación de empleo.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, demandó la renuncia de Rocío Nahle (como si eso solucionara o ayudara a rectificar el rumbo que está tomando la actual administración), debido a la “incompetencia en el manejo ideológico“.