Tras medio siglo de ese estilo de protesta política masiva, frontal, desafiante, los partidos y las organizaciones que hoy aspiran a ser oposición –básicamente lo que queda del PAN, del PRI y del PRD- tienen ante sí esta herencia que curiosamente les dejó en buena medida la izquierda que hoy gobierna y que al parecer está  padeciendo las tentaciones del autoritarismo.

¿Qué tanto metió la mano el presidente Andrés Manuel López Obrador en los poderes ejecutivo y legislativo de su natal Tabasco para que se aprobara sin dilación  ésta tan criticada ley y se allanara el paso a uno de sus proyectos insignia, como es la refinería de Dos Bocas?

La respuesta parece obvia  y, desde luego, ociosa, porque en todo caso el mandatario no habría hecho más de lo que hicieron quienes le precedieron en el cargo cuando también impulsaron sus proyectos con cuanto recurso tuvieron a la mano. López Obrador, como aquellos, tiene también esos recursos entre los que sobresale una mayoría aplastante en el Congreso de la Unión que, como se sabe, incluye a congresos locales.

Lo cierto es que, como haya sido, a la Ley Garrote no se le ve más defensa que sus buenas intenciones y su propósito central:

Rescatar y fortalecer la soberanía energética del país, esto es, la independencia de las importaciones de las trasnacionales del crudo; reducir los precios de los derivados del crudo en el mercado interno y, en suma, sacudirse el papel asignado a México como mero comparsa en el concierto internacional, reducido en lo económico a ser consumidor de su propio petróleo que otras naciones y empresas refinan y nos revenden.

La derecha desde luego no comparte ésta ni ninguna otra visión de un México soberano porque desde siempre ha estado alineada con intereses que son contrarios a todo proyecto nacionalista.

Ahora, por lo que se refiere a los precedentes que la aprobación de la Ley Garrote deja, pues es claro que tienen que ver con la cancelación de las libertades y con el ejercicio de un autoritarismo que si bien estaría acotado a los límites geográficos de Tabasco, nada garantiza que, como suele suceder, cunda igual que el mal ejemplo.

Igualmente claro es que haber optado por una ley así significa el fracaso de la política, de la capacidad de investigación, análisis y razonamiento para hallar formas de desenmascarar y exhibir a los saboteadores; habla de la desesperación y por tanto de la pérdida de la capacidad de diálogo y negociación.

Cierto: no lo hace el Presidente de la República; lo hace un gobernador… que tiene su beneplácito: Andrés Manuel López Obrador no ha tenido expresión alguna de condena, ni siquiera de crítica hacia la nueva ley: apenas una ambigua explicación que nada justifica.

En fin: una decisión que deja pasmados a los seguidores de la Cuarta Transformación –quienes no atinan a justificar, ni siquiera a explicar- y que, al mismo tiempo, da armas a sus detractores, quienes sin duda la consideran oro molido para acusar al Presidente López Obrador de lo mismo que la derecha dice del mandatario venezolano.