Alguna vez, desde la curiosidad periodística y de cierta dosis de ingenuidad política, pregunté acerca de cuál era la diferencia entre jueces, magistrados y ministros, las tres figuras encargadas de impartir justicia entre la población.

Y la respuesta que escuché, en tono de burla, surgida de un abogado de añosas canas, lujosos traje, zapatos, corbata y prominente barriga, fue: “son entre 200 mil y 500 mil pesos al mes”, dijo mientras malamente contenía la carcajada. Aprendí entonces que el cinismo manda.

Lo cierto es que supimos todos que cárceles y reclusorios estaban –y están aún-, llenos de gente que espera sentencia desde hace decenios porque ninguna culpa se le ha comprobado todavía; que hay cientos –sin duda miles- que perdieron un patrimonio porque la deuda contraída nunca se canceló, a pesar de las muchas veces que la cubrieron.

Y muchos más –por ejemplo, sindicalistas-, que no encontraron juez alguno que obligue a patrones y dirigencias sindicales a pagarles indemnizaciones, tras quiebras fraudulentas, con las  que los dejaron cesantes y con antigüedades de hasta 10 ó 20 años cuyo pago, simplemente, se esfumó.

Desde luego, conocemos la contraparte: no hay aún detenidos ni juicio alguno contra los responsables del quebranto que a miles de familias ocasionó el gobierno de Ernesto Zedillo tras la aprobación del Fobaproa, hace ya 35 años.

Tampoco por el tráfico de influencia en que el ex presidente incurrió cuando avisó a sus amigos empresarios que habría una devaluación, para que se pusieran a salvo comprando dólares, mientras el resto de la ciudadanía vio como aumentaban sus deudas de la noche a la mañana.

No hay poder alguno todavía que obligue a Ricardo Salinas Pliego a pagar 63 mil millones de pesos que debe al fisco, desde 2008; el empresario es así responsable de evasión fiscal, una suma que sería suficiente para que con la ley en la mano, el gobierno le retirara la concesión de su señales de televisión y aún le embargara sus bienes, hasta que pague.

Con sus excepciones, esto mismo sigue ocurriendo por voluntad y conveniencia de ministros, magistrados y jueces.

Lo cierto es que lo inédito del proceso electoral judicial y el apresuramiento por concretarlo a la brevedad, sacaron a relucir graves fallas: una veintena de los aspirantes a juzgadores tienen antecedentes de cercanía y defensoría de delincuentes, no de raterillos, sino de jefes de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la desaparición de personas, asesinatos, violación y uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas.

Todavía no se sabe cómo fue que las candidaturas de estos personeros de la delincuencia organizada fueron aprobadas. Pero sin duda es importante que se esclarezca, primero, para saber si hubo intencionalidad alguna, dolo o mala fe para dejarlos pasar y, luego, si no fue así, cómo fue posible que para cuidar un aspecto tan importante y riesgoso, como es la honorabilidad de los nuevos juzgadores, se dejara en manos de gente que no tuvo el criterio de valorar antecedentes o que de plano, ni los conociera.

Es claro que la elección de estos nuevos jueces, magistrados y ministros tiene que dar como resultado un mejor Poder Judicial, uno, cuyos juzgadores no se guíen por la lógica del dinero mal habido, sino por la impartición de justicia, con la ley en la mano.

Ahora sabemos que muchos de nuestros actuales jueces, magistrados y ministros se pusieron del lado del poderoso y no del ciudadano común: ya de un político, o de un acaudalado hombre de negocios, sin que mucho importara que esos negocios fueran turbios.

Como sea nos quedan menos de 30 días para conocer a los aspirantes a juzgadores, sus antecedentes y propuestas. Pero en todo caso habrá que recordar que la renovación del Poder Judicial no termina con la elección: seamos ahora una ciudadanía atenta, exigente y vigilante.