Al ser cuestionado por senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acerca del socavón, remarcó:
 “En el caso Aldesa, que es la que participa en consorcio con Edccor, para la construcción del Paso Express, no conozco investigación alguna. O sea, no he sabido de que tenga en un momento dado investigación, cuestionamiento o problema alguno en España o en el mundo”.
Un reportaje de los periodistas españoles Pilar Velasco y Javier Álvarez para la publicación Cadena Ser, puso al descubierto que Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa forma parte de una investigación que se inició contra diez empresarios de la construcción española.
Todos ellos, según al reportaje, http://cadenaser.com/ser/2013/02/28/espana/1362012611_850215.html, habrían canalizado millones de euros a dirigentes históricos del Partido Popular de España (PP), de centro derecha, como Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo; dicho partido es el que actualmente gobierna en la nación ibérica.
Fernández Rubio habría dado a políticos del PP unos 90 mil euros, para que se le adjudicaran distintas Líneas de Alta Velocidad y tramos de autovías: A-63 de Oviedo, la del cantábrico o el acceso a Badajoz, entre otros, dio a conocer Cadena Ser, desde el 28 de Febrero de 2013.
Al ser cuestionado por la diputada Rocío Nahle sobre la adjudicación de la obra y los antecedentes judiciales de Aldesa, Ruiz Esparza dijo que el criterio para que participara y ganara la licitación “fue, creo yo, el criterio de la legalidad”.
Dijo enseguida que dicho criterio “no puede ser discrecional del secretario ni de funcionario alguno de la Secretaría”; abrir o cerrar las puertas a empresas, remarcó, no puede hacerse “de acuerdo a criterios personales”.
El funcionario remarcó, en cambio, que Aldesa “tiene un currículum empresarial que hasta este momento no había manifestado alguna razón por la que, a mi punto de vista, la Secretaría de la Función Pública le prohibiera participar”.
Incluso reveló que Aldesa aún “está habilitada legalmente para participar como tal y nosotros tenemos que respetar en ese sentido la participación. Hay una ley que tenemos que cumplir. Aldesa ha participado en México desde hace varios años”.
Recordó finalmente que la constructora española participa en M´xico desde hace varios sexenios, en obras de diferentes gobiernos de la República; de los que han estado al frente de la Ciudad de México y de gobiernos en otros estados.
“O sea, tiene más de 10 años participando en obras importantes: la carretera Mazatlán-Durango, también en algunas obras aquí en la Ciudad de México, entiendo que sigue participando en la Línea 12 del Metro; en fin, en la reconstrucción de la Línea 12”, sostuvo.
El funcionario se pronunció porque las empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés, asuman su responsabilidad y aseguró que como consecuencia de la tragedia, ordenó revisar las instalaciones hidráulicas de la red de carreteras federales.
“Mi principal responsabilidad es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella, de existir errores u omisiones que debieron cumplirse; llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad”.  
La diputada Rocío Nahle, del Grupo Parlamentario de Morena, le hizo notar también que cada kilómetro construido costó 150 millones de pesos, mucho más que los 10 millones de pesos que debió costar. Preguntó si existe alguna preferencia para contratar empresas con capital español.   
Por su parte, el senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, expresó que existe preocupación por las responsabilidades de las empresas Aldesa y Epccor en la planeación del Paso Exprés, y sus nuevas adjudicaciones para la construcción del nuevo aeropuerto.
Cuestionó cuántas obras públicas ha otorgado la SCT a las empresas Aldesa y Epccor; y si se ha evaluado la posibilidad de revocar todos los contratos de construcción que les han sido otorgados.
El diputado Emilio Salazar, del Grupo Parlamentario del PVEM, preguntó si es cierto que a las familias de las víctimas se les ofreció una compensación, y en caso de ser cierto, señaló que debería ser mayor a lo que reportaron los medios de comunicación.
Además cuestionó el procedimiento para designar a los delegados de la SCT en las entidades federativas, y cuáles son sus responsabilidades.
El secretario Gerardo Ruiz Esparza le respondió a la diputada Nahle sobre el costo por kilómetro, que en total fue de mil 796 millones de pesos, mismo que se está auditando, y por cada kilómetro, de diez carriles en concreto hidráulico, fue de 15.3 millones de pesos; “va en sintonía al costo de otras obras”.
En respuesta al senador Monreal, dijo que esperan que en dos meses se resuelvan las observaciones para cerrar el contrato con el consorcio, porque si existe alguna afectación patrimonial, se le reducirá el pago a la empresa.
Explicó que a Aldesa le han asignado 28 contratos -13 en la administración pasada por 7 mil 866 millones de pesos, y 15 en ésta por 2 mil 881 millones de pesos- y a Epccor se le han suscrito cuatro contratos, de 2013 a la fecha, por 906 millones de pesos.
Al diputado Salazar le respondió que la SCT le ofreció apoyo a la familia de las víctimas, pero no les habló de alguna indemnización; “hay un criterio legal de montos, al que la familia tiene derecho; y tendrán, en un momento dado, los responsables, que hacerles frente”.
En cuanto a la designación de los delegados de la secretaría en las entidades, dijo que se toma en cuenta la opinión de los gobernadores para que la SCT tome una decisión; y el delegado en Morelos fue removido porque no informó correctamente la situación del Paso Express.
El senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, denunció que por la falta de señalamientos y de mantenimiento, así como por la mala construcción de éstas, México es el país de las carreteras de la muerte.
El secretario Ruiz Esparza destacó que la dependencia ha transparentado todos los programas, dos mil 636 expedientes reservados a la información pública, ya son públicos. Señaló que se ha pedido a la OCDE asesoría en materia de transparencia, así como a la Cámara Mexicana de la Industria de la construcción, testigos sociales y de notarios públicos  que certifican las propuestas que se presentan en cada licitación.  
La diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, solicitó al titular de la SCT precisar sobre su responsabilidad en la tragedia del Paso Exprés, pues no es suficiente la salida de un delegado ni un informe de las causas que originaron el incidente.
Resaltó la caída de recursos destinados para carreteras; de 2016 a 2017 presentó caída de 38.7 por ciento de los recursos a la partida Carreteras eficientes, seguras y suficientes, lo cual calificó como irresponsable.
“Yo asumí la responsabilidad”, “si hay una gente que se vincule con la responsabilidad del Paso Exprés, es su servidor”, aseguró el funcionario federal. Añadió que su responsabilidad es ayudar a que las autoridades correspondientes finquen responsabilidades y que no haya impunidad.
Sobre el recorte presupuestal, dijo que  no se ha quedado de brazos cruzados. Resaltó el apoyo del Secretario de Hacienda y Crédito Público y destacó que se gestionó con los actores privados en aeropuertos, puertos, autopistas para que no se perdiera la inversión y para que el programa de la Secretaría siguiera cumpliéndose; 80 por ciento del programa de la dependencia se logró por la inversión de recursos privados.
La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, cuestionó al secretario Ruiz Esparza si estaba enterado sobre los oficios enviados por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que alerta para cambiar un tubo de drenaje que pasa por abajo del Paso Exprés donde se abrió el socavón. Asimismo, solicitó continuar con las gestiones de colaboración con la familia de los deudos.
Ruiz Esparza señaló que los oficios que envió el gobernador de Morelos fueron dos, para darle nombre a la vialidad, sin hacer referencia a otra situación. Hubo una alerta del municipio de Cuernavaca sobre la capacidad del tubo, la cual se dictaminó en su momento, así como otras alertas de vecinos para más salidas y señalización en el Paso Exprés.

La tragedia pudo haberse prevenido, si empresa y gobierno estatal hubieran reaccionado, dijo
Se pudo haber prevenido, sí, aseguró;  las filtraciones de agua señalaban un problema, que de haber existido una alerta por parte de la empresa y de la gente del estado, pudo haberse atendido.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), y no la SCT, es la que está valorando las responsabilidades de los servidores públicos federales y locales involucrados, de las empresas participantes y de cualquier tercero que haya intervenido en la obra, aclaró en su exposición.
Dijo que giró instrucciones para reforzar la normatividad técnica en la construcción de carreteras, renovar los procedimientos, las tecnologías e incluso la aplicación de materiales más resistentes, e impulsar mejores mecanismos de trabajo interinstitucional con entidades como Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Además, todas las direcciones generales de los centros SCT tienen indicaciones de revisar, junto con las delegaciones de Conagua y Protección Civil, las instalaciones hidráulicas de la red de carretas federales. Esperan tener un informe público una vez que concluyan, dijo.
Reiteró a los miembros de la Permanente,  que la SCT no ha repartido culpas ni ha señalado responsabilidades, y ha sido el dictamen de los peritos independientes como instancias externas los que han emitido opinión y señalado posibles responsabilidades en diferentes actores de los causas que provocaron el hundimiento del Paso Exprés.
Al emitir una posición de la Tercera Comisión, el senador Ernesto Cordero Arroyo, dijo que ejercicios como este son un buen ejemplo de transparencia y rendición de cuentas que deberían hacerse de manera permanente en el Congreso de la Unión.
El presidente de la Comisión señaló que en el caso del socavón de Cuernavaca, sin duda,  hubo omisiones  y errores en la construcción de la obra y de protección civil que se deslindarán en su momento con la culminación de las investigaciones.
Destacó que si las comisiones de Comunicaciones y Transportes de las cámaras de Diputados y de Senadores se dedicaran dar un seguimiento de la aplicación del gasto público y no en cómo repartir el presupuesto en los caminos y carreteras de nuestros pueblos y municipios, podrían coadyuvar más a evitar errores y omisiones en obras públicas como lo sucedido en el camino Exprés de Cuernavaca.
En una segunda ronda de preguntas, participaron el senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena; Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del PAN; Jesús Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRD; y Ruth Tiscareño, del Grupo Parlamentario del PRI.