Sin embargo, lamentó, “hemos descubierto que esta extraordinaria herramienta ha resultado un fracaso. Un fracaso legislativo y un fracaso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres a muchas de las cuales ha puesto en riesgo”. En algunos estados, acotó, “ha tenido extraordinarios resultados. En otros, ha sido lento el proceso y en otros definitivamente ha sido un fracaso”.
El investigador Calos Javier Echarri Cánovas consideró importante modificar el mecanismo, de tal manera que se separe el monitoreo y evaluación, de las obligaciones de actores gubernamentales, de las acciones a realizar ante el incremento de feminicidios en territorios determinados.
Dijo que es imprescindible contar con sistemas de información “que brinden una base empírica para el trabajo de los sistemas estatales y nacionales de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Ya es tiempo –dijo- de fincar responsabilidades por omisiones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.
María de la Luz Estrada Mendoza, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, afirmó que la alerta de género no sólo sirve para generar acciones de carácter urgente, sino para corregir políticas públicas y marcos legales que son discriminatorios.
“Urge la evaluación de las 18 declaratorias de alerta de género. Debemos plantearnos cómo se está garantizando este mecanismo en la vida y seguridad de las mujeres. Debemos evaluar las líneas de seguridad, prevención y justicia, con un análisis de contexto que permita identificar los patrones delictivos, prácticas y modus operandi”, detalló.
Martha Figueroa Mier, presidenta de la Colectiva Feminista Mujeres Libres, consideró que no sólo se tiene que sancionar a jueces y fiscales que no actúen conforme a la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nacional en el caso de Mariana Lima y que pide que cuando se indague la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben actuar con perspectiva de género.
La subsecretaria de Coordinación y enlace a organizaciones sociales de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Nayelli Ávila Carrera, aseveró que para realizar acciones en términos de política pública a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se debe tener una línea directa desde el ámbito federal y contar con un banco actualizado de datos.
Reconoció que la declaratoria de alerta de género en Guerrero sirve para sensibilizar y acabar con la apatía al interior del estado. “Debemos posicionarla en la agenda pública, para que, de manera coordinada, se implementen medidas de prevención y erradicación”.(R.Vázquez
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