De acuerdo con las comisiones dictaminadoras, la promulgación de una Ley General contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es una oportunidad histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que puede sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país y enfrentar las problemáticas institucionales en este ámbito.
En este sentido, las propuestas de modificación que realizó la Cámara de Diputados, particularmente, en lo referente a preceptos del proyecto de la Ley, fortalecen y perfeccionan el entramado legal e institucional diseñado por el Senado.
La nueva Ley, agrega el dictamen, en opinión de diversos organismos internacionales especializados, se apega a los más altos estándares internacionales y constituye un avance significativo en la lucha de México en contra de la Tortura.
En una segunda reunión, en la que participaron las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, se aprobó el dictamen relativo a la propuesta de designación de los miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, detalló los cambios del dictamen aprobado, mediante el cual se realiza un exhorto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para reponer el procedimiento y expedir una nueva convocatoria para elegir a los integrantes de la Asamblea Consultiva de la CEAV.
Dicha convocatoria deberá garantizar durante su vigencia la máxima publicidad, así como la integración regional de todos los estados de la República; y también respetará el derecho de las 23 organizaciones colectivas y académicos que fueron acreditados en el proceso anterior, e integrados en la lista enviada al Senado de la República, el pasado 7 de abril de 2017.
“Para participar sin necesidad de acreditarse nuevamente en el nuevo proceso que habrá de realizar la Comisión Ejecutiva y, con ello, garantizamos sus derechos”, señaló la senadora Díaz Salazar.
La senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, reconoció la importancia de garantizar una Asamblea que refleje la diversidad de las organizaciones y colectivos de atención a víctimas del país.
Además, puntualizó que se deben ver reflejadas en el texto, las consideraciones relativas al proceso de reforma de los transitorios de la Convocatoria; asimismo, pidió se precise sobre la división del país en nueve regiones, pues no reflejan la organicidad de los colectivos de víctimas que luchan en el país.
La senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que el dictamen aprobado ayudará a construir un mejor sistema de atención a víctimas, porque se tomó en consideración el fortalecimiento de la comisión ejecutiva y de su titular.
Sostuvo que se abre la posibilidad de que el comisionado realice un nuevo proceso, con el que se ampliará la posibilidad para los que deseen participar, y de este modo, sea representativo del mayor número de regiones del país.