Expuso que arriba del 80 por ciento de la población penitenciaria no tiene acceso a servicios de salud, lo que afecta sus derechos protegidos por el artículo 18 de la Constitución Política, que vela por las garantías de las personas encarceladas, además de que implica graves riesgos para su integridad, pues hay alta prevalencia de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Saúl Fernández Castro, también experto en la materia, enfatizó al respecto que, aunque en los últimos años ha aumentado el número de presos en las cárceles mexicanas, ha disminuido el presupuesto para la salud de éstos, por lo que se requieren montos suficientes, programas de prevención y personal médico capacitado para atenderles debidamente.

Otro aspecto que es relevante para la dignificación de los reclusos en centros penitenciarios es su derecho a la educación, aseguró Tonatiuh Garfias, quien propuso aprovechar las nuevas tecnologías para que estas personas puedan acceder tanto a cursos como a certificaciones que algunas instituciones de prestigio ofrecen gratuitamente, incluidas universidades extranjeras como las de Harvard y Yale.

El presidente de la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos, Tomás de Jesús Toribio, también planteó que los reclusos deben tener una educación que los prepare para el autoempleo una vez que sean liberados, pues persiste entre ellos la costumbre de trabajar para alguien más y tener un horario fijo, lo que les dificulta encontrar un trabajo con el que puedan mantenerse.