Ciudad de México. Es urgente dar cumplimiento al Convenio de Recuperación del Río Lerma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2014, para atender la grave crisis de salud pública y ambiental que aqueja a la cuenca que atraviesa los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro y es hogar para más de 13 millones de habitantes repartidos en 159 municipios.

Ciudad de México. La diputada Hilda Miranda Miranda (PRD) propuso reformar el artículo 78 de la Constitución Política para que la Comisión Permanente tenga entre sus facultades llamar a comparecer a los secretarios de Estado, al Fiscal General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos.

Dijo que la reforma propuesta pondría fin a la creciente oposición de los servidores públicos a ser convocados ante ese órgano, generando el efecto contrario al actual, puesto que durante los periodos de receso del Congreso de la Unión se debilita la supervisión de los actos administrativos del Estado.

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al Presidente de la República, y lo turnó al Senado de la República para su análisis. El documento también establece que el Presidente de la República podrá ser sujeto de juico político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria.

Al concluir su discusión, el presidente de la Mesa Directiva, Edgar Romo García, informó que se habían presentado reservas a los artículos 17 y 112 y se aprobó el dictamen en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional.

Ciudad de México. Sin consideración al principio de equidad, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley General de Comunicación Social, en la que no establece límite alguno a la concentración de contratos a favor de las grandes empresas y monopolios de la comunicación masiva ni consideración alguna a los medios pequeños, no obstante las precarias condiciones en que subsisten.

El dictamen de esta ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política, aprobado en lo general por 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones, establece que aquellos medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

Dicho padrón, se advierte en el documento aprobado, deberá ser creado por la Secretaría de Gobernación, una vez que se autorice el Presupuesto de Egresos respectivo, pero en ninguna parte especifica más criterios que el de garantizar que el gasto en comunicación social se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; no hay tampoco prohibición alguna al recurrente ejercicio de la discrecionalidad por parte de los funcionarios que asignarán contratos.