La doctora Lilia Rodríguez Tapia y la maestra Lanuza García refirieron que ese sector “oligopólico” contribuye de manera notable en el déficit de líquido por sobreexplotación de las fuentes: en 0.60 por ciento en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM); en 1.13 por ciento en Chalco-Amecameca, y en 7.3 por ciento en Cuautitlán-Pachuca, lo que representa la “extracción del recurso fósil cada vez a mayor profundidad”.
Este escenario es abordado en la tesis de maestría Análisis del impacto de la industria de bebidas no alcohólicas en los recursos hídricos en la Cuenca del Valle de México, elaborada por Lanuza García con la dirección de los doctores Jorge Morales Novelo y Rodríguez Tapia, académicos del Departamento de Economía de la Casa abierta al tiempo.
El trabajo está integrado a la investigación Hacia una gestión integral del agua por cuenca hidrológica: un análisis de la disponibilidad y usos, que es parte a su vez de la convocatoria Problemas Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinada por Morales Novelo en esa sede universitaria.
La indagación implicó la evaluación de siete cuerpos subterráneos ubicados en la Cuenca del Valle de México (CVM), de los cuales cuatro fueron identificados como sobreexplotados: el de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México fue declarado en extinción; el de Texcoco en grado extremo y los de Cuautitlán-Pachuca y Chalco-Amecameca en nivel alto.
El sector de bebidas no alcohólicas de la CVM está conformado por cinco mil 677 establecimientos que abarcan tres giros: uno por ciento dedicado a la elaboración de hielo; igual porcentaje produce líquidos azucarados y 98 por ciento purifica y embotella el bien.
El Estado de México es asiento de tres mil 313 firmas; la Ciudad de México de dos mil 185; Hidalgo de 159 y Tlaxcala de 20, aunque son apenas 18 las que definen el ramo por contar con los derechos o concesiones de extracción del fluido subterráneo, lo que caracteriza a la industria refresquera y a pocas pero grandes purificadoras y embotelladoras que dan cuerpo a un mercado “oligopólico”.
Estas compañías sacan alrededor de siete millones 900 mil metros cúbicos por año (m³/año), más de la mitad provenientes del acuífero Cuautitlán-Pachuca: cuatro millones 246 mil 880 m³/año; del de la ZMCM extraen tres millones 408 mil 387 m³/año y del de Chalco-Amecameca 246 mil m³/año, lo que equivale a 6.5 por ciento respecto del recurso subterráneo empleado por la industria manufacturera de la CVM, explicado por 18 grandes firmas.
La tarifa es 19.82 pesos por metro cúbico, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, un pago constante, independientemente de la posición del metro cúbico de agua obtenida, en tanto que refresqueras y purificadoras grandes alcanzaron en 2016 –de acuerdo con información oficial– una producción con un valor de 32 mil 249 millones de pesos.
Esto representa 4.2 por ciento del valor de la registrada por la industria manufacturera de la cuenca, con beneficios netos de 762 mil 514 millones de pesos, es decir, por cada metro cúbico extraído logran ganancias de mil 8 pesos con 21 centavos, lo que equivale a un peso por litro. “Es claro que resulta extraordinariamente redituable a las 16 empresas extraer el vital líquido de dichas zonas”, manifestó Lanuza García.
El pago es poco en comparación con la recaudación, sin contar con que la Comisión Nacional del Agua no ha revisado qué tanto recurso se ha sustraído ni quién lo hizo, por lo que “debiera haber una investigación exhaustiva del otorgamiento de concesiones, los volúmenes y los usos, porque en el centro del país existe el fluido para ese sector, pero no para la población”.
“Ante tal circunstancia desfavorable para la gente y la sustentabilidad del propio bien hídrico resulta recomendable emprender una revisión de las adjudicaciones conferidas hace más de 20 años, sobre todo de aquellas con fines comerciales y volúmenes prominentes”, subrayaron las involucradas en el estudio.
A las personas físicas o morales que tengan una concesión para explotar agua del subsuelo con fines industriales –que son altamente intensivas– se les debe aplicar una tarifa adicional al pago debido a que sustraen cantidades muy grandes, ante lo cual las investigadoras recomendaron aplicar el principio 7 del Derecho Ambiental contaminador-pagador, en virtud de que “sólo así las corporaciones de bebidas no alcohólicas que estén causando daño significativo al ecosistema natural están obligadas a dar una indemnización”.
Rodríguez Tapia, jefa del Área de Investigación Crecimiento Económico y Medio Ambiente, explicó que las indagaciones en este campo se han enfocado en las condiciones del agua para la industrial del país.
“Tenemos que enmarcar el problema general y luego revisar la particularidad del impacto de esto en regiones específicas; en el caso de la CVM se estimó el valor económico del fluido para todas las empresas instaladas en esa cuenca”, porque ante todo “queremos hacer conciencia de que la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y las instituciones educativas y de investigación debemos realizar acciones para cuidar el patrimonio hídrico y lograr la sustentabilidad”.