La diputada María Luisa Sánchez Meza (PAN) propuso adicionar un inciso a la fracción III del artículo 37 y un párrafo al 52 para establecer que los visitantes extranjeros que ingresen a México a recibir servicios de turismo médico o de salud no necesitan visa.

Precisa que “cuando el ingreso al territorio nacional sea con la finalidad de recibir estos servicios de turismo médico o de salud, el periodo de estancia podrá prolongarse siempre y cuando haya un certificado médico expedido en términos de lo que disponga el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Sánchez Meza dijo que se busca flexibilizar el permiso de ingreso para visitantes extranjeros que viajen al país a recibir algún tratamiento médico, cirugía cosmética, o bien, aprovechar los spas y centros de retiro que existen y gozan de prestigio a nivel internacional, como un medio para incentivar esta actividad económica para el país.

Agregó que, en los últimos años, el turismo de salud ha tenido relevancia, especialmente en Baja California, ya que cuenta con servicios médicos de salud y bienestar de alta calidad, pero a un precio mucho más bajo, con un ahorro de entre 36 y 89 por ciento con respecto a otros países de la Organización Mundial del Comercio.

“Esto ha propiciado que pacientes de Estados Unidos y Canadá viajen al país para realizarse procedimientos médicos de cirugía plástica, o utilizar spas, lo que dejó en Baja California, durante 2015, una derrama económica de 673 millones de dólares, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo”, mencionó.

Comentó que la propuesta beneficiará a hospitales, médicos, hoteleros, enfermeros, farmacias, comercios, gastronomía y la industria del transporte, entre otros.

El diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma (PAN) sostuvo que la iniciativa promueve el turismo de bienestar como spas o retiros de salud que generan divisas para el país.

A su vez, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (PRI) consideró irresponsable no aprobar dicha propuesta, pues ayuda a la economía en estos momentos; el también priista Telésforo García Carreón expresó su voto a favor porque relanzará la economía del país.

Por su parte, la diputada Lorena Corona Valdés (PVEM) planteó reformar los artículos 109 y 140 de la misma Ley, para sancionar, con inhabilitación temporal, al servidor público del Instituto Nacional de Migración que haga uso indebido o proporcione a terceras personas documentación migratoria, o cometa violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Durante su reunión ordinaria, la Comisión avaló dos puntos de acuerdo. Uno, exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la organización de la administración pública federal revise y fortalezca todos aquellos programas federales en materia de atención a connacionales, particularmente, en lo tocante a la defensa de sus derechos en materia de desarrollo social y desarrollo económico.

Asimismo, para que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores revise y fortalezca las acciones emprendidas por personal del servicio diplomático en Estados Unidos, para la atención y defensa de los connacionales en el exterior.

El otro punto de acuerdo solicita al gobernador de Zacatecas implementar medidas necesarias para recibir a ciudadanos mexicanos repatriados de los Estados Unidos a territorio zacatecano.

En otros temas, la diputada Liliana Oropeza Olguin (PRI) informó de la visita que realizó a Washington, D.C., los días 3, 4,5, 6 y 7 de abril, donde se reunió con congresistas estadounidenses para abordar el tema migratorio. Dijo que pidió su ayuda para que no se promuevan acciones que violenten los derechos humanos de los connacionales.

Integrantes de la Comisión también se reunieron con sus homólogos del Congreso de Guanajuato, quienes informaron de las acciones que realizan para ayudar a los migrantes y las que emprende el gobierno del estado.

La diputada Verónica Orozco Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso de Guanajuato, puntualizó que el objetivo del encuentro es hacer un frente común entre el estado y los diputados federales.

Mencionó que Guanajuato tiene cerca de un millón 300 mil ciudadanos que radican en Estados Unidos y es el segundo estado en recepción de remesas. En 2015, recibió 2 mil 280 millones de dólares, y 2016 cerró con 2 mil 414 millones.

“Después del petróleo y el turismo, las remesas son el mejor soporte para la economía de todo México”, añadió.

Informó que el año pasado se deportaron 13 mil 500 guanajuatenses; el Instituto Nacional de Migración reportó que, en este trimestre, regresaron dos mil 500, entre deportados y retornos voluntarios, es decir, 800 mensuales.

La legisladora local solicitó a sus homólogos federales fortalecer el presupuesto de los estados, ya que, en el caso de Guanajuato, los recursos bajaron de 20 a 13 millones de pesos.

“Hay temas que nosotros no podemos atender, porque no están en nuestra cancha estatal, pero sí en la de ustedes, como en las reglas de operación de los programas para la asignación de recursos en los estados”, agregó.

El presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Guízar Valladares, consideró que la migración no debe verse como un problema, sino como una oportunidad. “No perdamos de vista que las grandes potencias del mundo se construyeron con migrantes”.

Indicó que las remesas son un indicativo de la fortaleza que dan al país los migrantes; de acuerdo con el Banco de México, en 2016 se recibieron casi 26 mil millones de dólares que equilibraron las finanzas públicas.

Por ello, la instancia legislativa trabaja para que, a través del Fondo de Migralidad, se canalicen recursos adicionales al presupuesto para los estados fronterizos. “Estamos pidiendo agregar mil millones de pesos para atender dichas zonas y mejorar la calidad de servicio a los deportados”.

Guízar Valladares mencionó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no tiene un anexo para este asunto.

Proponemos reformar el artículo 20 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para agregar un anexo en el que se verifique qué cantidad se destina a migración. La idea es “que cada peso que se destina a dicho rubro se pueda cuantificar, verificar, evaluar y controlar, porque es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad de fiscalizar”, afirmó.