“Este doble filo —económico y judicial— se convirtió en una fórmula recurrente para ejercer poder sobre México, debilitando la confianza mutua y torpedeando los esfuerzos de cooperación”.

Enfatiza que “uno de los casos más emblemáticos es el de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Su detención y entrega fueron presentadas como un acto de buena voluntad y cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

“Sin embargo, el tratamiento del caso en medios estadounidenses y en círculos políticos republicanos reveló otra intención: utilizar a los grandes capos extraditados como herramientas para reforzar la narrativa de que México está dominado por el crimen organizado y que, por tanto, necesita ser presionado —o incluso intervenido— por Washington”.

Asimismo, “en paralelo, el Gobierno de Estados Unidos ha hecho uso frecuente de testigos protegidos que, luego de formar parte de estructuras criminales, negocian reducciones de penas a cambio de declaraciones que a menudo apuntan a funcionarios mexicanos, sin que en todos los casos exista evidencia contundente que las respalde.

“Estos testimonios, muchas veces recogidos fuera de contexto, terminan filtrándose a la prensa o utilizándose políticamente para golpear a nuestras instituciones, sin tomar en cuenta el impacto en la soberanía ni en la justicia binacional. En ocasiones, los mismos testigos han sido señalados por mentir o manipular información para beneficio propio, pero ello no impide que se usen como piezas clave en casos mediáticos que colocan a México en una posición vulnerable”.

Señala que “esta presión judicial se complementa con la amenaza constante de sanciones comerciales. Donald Trump de nueva cuenta prometió reinstaurar aranceles en agosto a nuestras importaciones, si México ‘no hace lo suficiente’ para frenar el tráfico de fentanilo o contener la migración, a pesar de que este sexenio registra un récord de decomisos y campañas contra el opioide sintético.

“Esta combinación —presión económica y judicial— configura un patrón preocupante: cuando Estados Unidos quiere algo de México, ya no se limita al diálogo institucional: recurre a la amenaza, ya sea mediante aranceles, extradiciones condicionadas o acusaciones desde tribunales federales. La cooperación pasó a segundo plano y en su lugar avanza una estrategia de presión que deja poco margen para la negociación entre iguales”.

Monreal Ávila sostiene que “lo más grave es que estos métodos se presentan como si fueran ‘parte de la ley’ o ‘mecanismos legítimos de política exterior’. Pero lo cierto es que muchas veces son maniobras calculadas, con tiempos perfectamente alineados a los intereses electorales estadounidenses.

“Cuando un candidato necesita mostrar ‘mano dura’, México se convierte en el blanco perfecto. Cuando existen crisis políticas —como la que innegablemente tiene hoy Trump—, siempre estará México para pagar los platos rotos y ayudar como trampolín de salida. Cuando la crisis del fentanilo escala, se responsabiliza a México, pese a que el consumo, la distribución interna y la falta de regulación farmacéutica son problemas domésticos de Estados Unidos”. (Boletín, Diputados)