Al ex director general de la antigua paraestatal Petróleos Mexicanos se le están respetando sus derechos humanos, un detalle de la 4T que, para buena parte de la opinión pública, sencillamente resulta inadmisible porque se tiene la certeza de que no puede haber ni la mitad de las consideraciones que se le han tenido pues se trata de un corrupto entre corruptos, de un cómplice de la gran mafia que gobernó al país, a la que ayudó a saquear la riqueza petrolera y que nos heredó pobreza, deshonra e inestabilidad económica, por decir lo menos.

Damos por hecho –con un 100 por ciento de certidumbre-, de que Lozoya es corresponsable de ese saqueo a la Nación del que –no dudamos- se beneficiaron él, su familia y sus cercanos.

Pero esto es la 4T que, entre el cúmulo de promesas que hizo, ofreció actuar con apego a derecho. Lo estamos viendo, pero no se la creemos. Transcurridos dos días de declaraciones ante el juez por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, todavía se escucha al tendero, al taxista, al empleado público, al vecino y a la señora del pan apostar que todo esto, es un engaño.

Que si fuera cierto, Lozoya ya estaría tras las rejas; ya le habrían quitado lo que se robó y estarían a dos patadas de detener al ex presidente Enrique Peña Nieto; a su secretario de Hacienda Luis Videgaray; al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Y a toda la caterva de legisladores que dieron su voto para aprobar una reforma energética que no sólo nos despojó del petróleo, sino que facilitó las operaciones de la trasnacional corruptora, Odebrecht.

Pero esto es la 4T y el apego a derecho que ofreció implica, de entrada, como ya se ha dicho, el respeto a las garantías individuales del acusado; desde luego, un largo tiempo para el desahogo de pruebas, la réplica y la eventual desestimación de éstas; los argumentos de la defensa, sus testigos.

Pero el ofrecimiento de la 4T implica también la contundencia de la Fiscalía General de la República con una actuación sustentada en pruebas irrefutables de sus acusaciones: documentos, testigos, testimonios, grabaciones.

Se trata de que –como se ha dicho-, al acusado no le quede más remedio que dar los nombres de aquellos que le ordenaron cómo actuar; ante quiénes; en qué fechas y lugares; de cuánto dinero dispuso, de dónde lo obtuvo y qué hizo con éste.

Si al cabo de algunos meses esto se logra, quizás Emilio Lozoya se libre de pisar la cárcel, no sin antes haber devuelto aquello que lo hizo partícipe de la Gran Corrupción.

Y si lo que viene son las detenciones y el inicio de procesos contra los grandes artífices de esta confabulación orquestada desde el poder para saquear a la Nación, tal vez entonces, y sólo entonces, el desconfiado y exacerbado ánimo ciudadano se calme, incluso, si Lozoya no pisa la cárcel.