Caso lamentable donde se incitó a la comunidad de San Miguel Canoa, por el cura del pueblo con funciones de cacique, con el argumento de que los visitantes venían a robarles y, sobre todo, que al provenir de la Universidad eran comunistas. El pueblo mató a machetazos primero a quien osó dar hospedaje en su casa a los trabajadores universitarios.

Actos de barbarie como este fueron reprobados por todos. Uno de los resultados es que se estigmatizó a la comunidad de San Miguel Canoa, calificándolos de asesinos por largo tiempo, además de otras sanciones sociales como las dificultades para conseguir un trabajo en otras comunidades.

A pesar del espacio de tiempo transcurrido hoy las cosas se miran de manera distinta.

Luego de estos sucesos, a lo largo y ancho del país se dieron hechos lamentables de linchamiento, varios de los cuales segaron la vida de inocentes, ante una autoridad administrativa y judicial que paulatinamente se fue mostrando incapaz de procurar y administrar justicia.

Muchos de estos actos, en su momento, fueron reprobados por la sociedad, la opinión publicada y la propia autoridad que sancionó a varios de los responsables de esos actos de violencia en contra de presuntos delincuentes privándolos de un juicio justo que acreditara el delito cometido.

Así, ante hechos no probados y ante la sola presunción de algún ilícito, hoy observamos cómo se les golpea, se les exhibe púbicamente y, luego de estos y otros excesos, ante la tardía presencia de la autoridad, se termina con su vida por los golpes recibidos o quemados vivos, métodos propios de la edad media con los que se castigaba a quienes delinquían (azotes, flagelación y humillación pública, entre otras).

Lo que se indica es el camino correcto, de acuerdo con la legislación penal, son los siguientes pasos: primero, entregar a la policía a los presuntos delincuentes; segundo, una vez hecha la denuncia, presentarlos ante el ministerio público quien se hace cargo de integrar la carpeta de investigación y de contar con pruebas consigna ante el juzgador; tercero, este último, valora y tipifica el delito y las pruebas existentes y lo condena para castigar la infracción cometida y servir de elemento disuasorio para otros que pretendan seguir sus pasos. O bien, lo que se ha observado, es que se les exime de cualquier responsabilidad en los hechos imputados.

Esta ruta como se sabe, se ha visto francamente rebasada pues la justicia pronta y expedita no se aplica y, en el peor de los casos, los presuntos son liberados por arreglarse con la policía, con el ministerio público o con el propio juzgador, en función de la capacidad económica del delincuente.

Hoy la sociedad, junto con la televisión y los múltiples portales de internet, al exhibirlos sin reparos se solazan de los presuntos actos de justicia hechos por propia mano: de los justicieros y vengadores anónimos, de las soberanas madrizas que se les propina a los delincuentes, exhibiendo su llanto lastimoso y suplicando clemencia a sus víctimas. En varios sucesos acaecidos recientemente, pareciera que se alientan los actos de linchamiento.

Muchos de estos sujetos han encontrado la muerte derivado de estos actos salvajes de ajusticiamiento público, para beneplácito de muchas personas que así lo expresan en las redes sociales, ante una incesante ola delincuencial que no parece cesar.

Todo indica que el hartazgo de la sociedad ha sido entendido y asimilado por los medios de comunicación, y se han convencido que la autoridad es incapaz de ofrecer justicia a los justiciables, siendo correctas las iniciativas de algunas comunidades pues la ola de violencia, robos y asaltos parecen imparables.

No obstante, las acciones de ajusticiamiento por propia mano no han logrado disuadir a la delincuencia, pues se siguen reproduciendo en forma alarmante y peor aún, ante la menor provocación o resistencia de las víctimas, terminan quitándoles la vida o infringiendo un daño físico irreparable más allá del efecto psicológico ya de suyo lamentable.

Lo que tal vez no deja de sorprender, y ojala nunca perdamos nuestra capacidad de asombro, es observar la forma en que se golpea y lastima a los presuntos delincuentes, así como las frases que les lanzan, imágenes terribles que no obstante provocan consentimiento y hasta beneplácito generalizado de la población, al descargar todo el coraje e impotencia que se padece cotidianamente en tanto víctimas de la delincuencia.

De otra parte, en el caso del robo simple o agravado, estimo que nunca se entenderán las razones por las que la delincuencia se ensaña, al cometer este delito, con quienes con su modesto trabajo se ganan el sustento familiar y con esfuerzos considerables se hacen de los bienes que portan, normalmente un celular, cantidades modestas de efectivo, algunas joyas y relojes, amén de sus documentos personales y eventualmente tarjetas de crédito o débito.

La pregunta es ¿si son jugosas las ganancias que se obtienen con estos actos cobardes y alevosos por parte de la delincuencia? Muy probable es que las ganancias sean menores, o bien que esta delincuencia sea parte de un grupo organizado que solo usa a los delincuentes de a pie.

La otra cara de la moneda es que el coraje y hartazgo de la sociedad sigue en aumento y no falta mucho para que nos toque mirar actos de linchamiento público ante el menor indicio de la comisión de algún delito y se logre detener a los presuntos delincuentes en flagrancia.

Apenas el pasado lunes 27 de abril se suscitó este hecho, consignado en un portal de la Internet: “Una turba de 600 habitantes de cinco comunidades de Veracruz linchó este lunes a seis personas, tras acusarlas de ser secuestradores, informaron fuentes policiales […] algunos de ellos mediante el método del fusilamiento” https://www.sinembargo.mx/30-04-2019/3573459

Otro aspecto fundamental que no parece tener fecha para hacerse presente, es la actuación del poder judicial, quienes desde sus lujosas oficinas y mullidos sillones no parecen darse cuenta de la urgencia de emprender acciones específicas para mostrar y demostrar que pueden promover la llamada justicia pronta y expedita.

Lamentablemente solo sabemos de juzgadores cuando liberan a uno y otro delincuente, aduciendo aspectos legales de forma, a lo que los conocedores llaman leguleyadas. Es pues inadmisible que el poder judicial no reaccione ante la ola delincuencial que nos agobia.

En este contexto, que no se lamenten cuando desde el poder legislativo o ejecutivo les propinen un leñazo hasta lograr que se reaccione en favor de la sociedad y no únicamente de sus “incomprensibles” intereses personales defendiendo sus jugosos salarios, canonjías y privilegios de larga data, aduciendo la división de poderes y con ello su independencia y autonomía.

Para ser categóricos, sería bueno que se les aplicara aquella lacónica frase expresada cuando los conflictos estudiantiles en la UNAM. Se decía y dice enfáticamente: “La autonomía universitaria no significa extraterritorialidad, ni Estado de excepción”.

En este marco ¿el poder judicial forma un Estado aparte dentro del Estado mexicano? La respuesta es un NO contundente.