Ambos despropósitos –la fallida eliminación del fuero y los amparos contra la reducción salarial- convergen en la preservación de privilegios y desigualdades; en el alejamiento de la problemática del ciudadano común y en mantener la idea de que la política y el servicio público, no son sino medios de enriquecimiento personal.

Sin duda que no es culpa de los miembros del Poder Judicial de la Federación el que sus sueldos se hayan ubicado tan lejanamente por encima del promedio que percibe la inmensa mayoría de trabajadores y empleados, tanto del sector público como de la iniciativa privada.

Tampoco es culpa de los legisladores que hayan llegado a ocupar una curul y se encuentren con la figura del fuero, una prerrogativa con alcances muy precisos para garantizarles entera libertad en el ejercicio de sus tareas, específicamente la redacción de leyes y la crítica al ejercicio del poder.

Pero en ambos casos se han desvirtuado los propósitos originales: los altísimos sueldos de los funcionarios del Poder Judicial fueron generosa concesión de un régimen neoliberal que los convirtió en parte de una élite forjada con el dinero público, el cual, sin embargo, no convirtió nunca a la justicia en pronta ni expedita, menos para el ciudadano de a pie.

Si bien existen excepciones, la generosidad presidencial desvirtuó el papel de jueces, magistrados y ministros, muchos de los cuales pronto se dieron a conocer por “lindezas” como la de meter en nómina a parientes y amantes o por emitir sentencias que significaron la liberación de delincuentes.

Diputados y senadores no fueron menos y entendieron la figura del fuero como licencia de impunidad y, lo mismo del género masculino que del femenino, no sólo fueron sorprendidos sino hasta exhibidos en sus desmanes y excesos lo que, sin embargo, no derivó en sanción alguna pese a la indignación ciudadana.

Parece que el asunto de eliminar el fuero a legisladores es algo que estaría de vuelta en los debates parlamentarios: el que no se haya concretado no ha sido sino resultado de una pésima operación política que dejó a Morena sin la mayoría necesaria justo en el momento de la votación.

Pero lo que va para largo y amenaza convertirse en crisis política de confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial es el asunto de reducir los estratosféricos niveles salariales y de prestaciones que perciben –sobre todo ministros y magistrados-, algo que no haría sino ahondar más la división entre mexicanos, toda vez que una parte de la sociedad mexicana, que ha tomado partido, ve el tema como una oportunidad para hacer tropezar al nuevo régimen.

Lo cierto es que la enconada defensa que miembros del Poder Judicial han hecho de sus cuantiosos emolumentos los exhibe en todo su egoísmo y todo su temor a perder privilegios, una naturaleza muy lejana y hasta contrapuesta de la generosidad con la Nación que reclama la Cuarta Transformación.

Es muy posible que durante mucho tiempo más los veamos medrando a costa de la ley y del erario público. Lamentable.