Ante lo avanzado de su edad y la falta de pruebas contundentes que apunten en el sentido de las acusaciones que se le han hecho, la Iglesia que preside ha levantado la voz, junto con otras organizaciones religiosas, en demanda de su liberación inmediata.
Al señalar que se trata del ejercicio legítimo de la libertad de participación, la iglesia hizo notar que, tanto Lee Man-hee como la iglesia, han colaborado plenamente con las autoridades durante toda la investigación, incluidos los registros practicados.
Al mismo tiempo la iglesia ha expresado su profunda preocupación por la decisión de mantener en prisión preventiva a un líder religioso de 95 años, al considerar que esta medida supone, en la práctica, un castigo físico debido a su avanzada edad.
Al participar en IX Congreso Internacional Anual de la Academia Europea de Religión (European Academy of Religion, EuARe), el director del Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones (CESNUR), Massimo Introvigne, expresó al respecto:
“En los Estados miembros de la Unión Europea, la legislación establece que las personas mayores de 80 años solo pueden ingresar en prisión en circunstancias absolutamente excepcionales.
“Cuando resulta necesario, deben aplicarse medidas alternativas, como el arresto domiciliario, y la privación de libertad solo se justifica cuando existe riesgo de delitos graves, como actos violentos u homicidios.
“En este caso no existe ninguna acusación de esa naturaleza; únicamente se investigan presuntas infracciones de la legislación electoral”.
Dijo también -de acuerdo a un comunicado de la Iglesia- que mantener en prisión preventiva a un líder religioso de 95 años por un delito de naturaleza no violenta resulta una medida desproporcionada frente a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, incluidos los principios establecidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
Asimismo, señaló que este caso, sumado a la detención de otra dirigente religiosa de edad avanzada en Corea del Sur, podría evidenciar un patrón preocupante en el trato hacia determinadas minorías religiosas.
En la Ciudad de México representantes de once naciones latinoamericanas, reunidos en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, firmaron una petición colectiva para solicitar formalmente la liberación de Lee.
Los líderes religiosos de México, Brasil, Chile, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela analizaron las implicaciones que estos hechos tienen para la libertad de culto, el debido proceso y la protección de las minorías. (Rubén Vázquez Pérez)

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