Dijo también que si se trata de un caso de reincidencia, esto es, de que una misma organización incurriera de nuevo en la venta del padrón electoral, la sanción que se aplicara “tomará en cuenta esa reincidencia. Estamos viviendo los resabios de una entrega que se hacía en el pasado a los partidos que ya no ocurre”.

La última vez que dicha entrega ocurrió, relató, fue en 2015, cuando se proporcionaba a los partidos políticos los listados nominales con los nombres, fotografías y ubicación geo-referencial electoral del lugar en que los ciudadanos enlistados tienen su domicilio particular.

Precisó que desde 2016 a la fecha, esa información ya no se entrega a los partidos y aseguró que la misma ya tiene, desde hace algunos años, marcas, huellas de identificación, para detectar casos como éste. “Toda esa información ya la tiene el INE: por eso inició un procedimiento administrativo que en breve concluirá”.

Aclaró que la lista que desde 2016 se entrega a los partidos, ya no contienen esos datos personales y que, a su vez, los partidos políticos están obligados, por ley, a devolver al INE dichos listados; los partidos que no lo han hecho, advirtió, serán sometidos a procedimientos administrativos que, dijo, implicarán sanciones.

Córdova Vianello dijo al respecto que son varios los partidos que se encuentran en este caso, aunque hizo notar que la devolución de los listados –en realidad más de 156 mil cuadernillos, uno por casilla- ha ocurrido pero no las mismas cantidades ni en los mismos tiempos.

Por su parte, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, dijo que aparte de las sanciones administrativas, la Ley General en la materia castiga de manera severa este tipo de ilícitos y precisó que los responsables alcanzarían pena de tres a siete años de prisión.

“No se presentó flagrancia, pero tenemos todos los hechos constitutivos para que, en subsecuentes procesos, que así nos marca el procedimiento penal, solicitemos un permiso del juez, porque nosotros recuperamos computadoras, teléfonos y discos duros que necesitamos para intervenirlos de una autorización judicial”, añadió.

Aclaró que si bien la flagrancia no se pudo comprobar en el momento, y por eso no se detuvo a persona alguna, se tienen empero las evidencias suficientes para poder judicializar el caso “y simplemente, yo también, les vamos a pedir un tiempo relativamente breve para hacerlo”.