Con ello, agregó, se dotará a los ciudadanos de las herramientas de convicción y de rendición de cuentas suficientes para dar seguimiento a un posible enriquecimiento ilícito y poder denunciarlo, al tiempo que se salvaguarda los datos personales.
Planteó también la relevancia de que el Comité de Participación Ciudadana informe sobre los criterios y la metodología adoptada para la definición de los formatos, así como la conveniencia de que se consulte a organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el funcionamiento y efectividad de las declaraciones en sus países miembros.
“Los organismos internacionales coinciden en que las declaraciones patrimoniales y de intereses son una herramienta, tanto de prevención como de investigación para posibles hechos de corrupción”, asentó la legisladora.
En otro punto del orden del día, se aprobaron también dos puntos de acuerdo presentados por los senadores de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Ávila Ruiz, uno por el cual solicitan a las autoridades combatir el “narcomenudeo” en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y, otro, por el que piden se informe a la Comisión Permanente sobre la situación que guardan los convoyes del Tren Ligero y del Metro de la Ciudad de México.
En el primer exhorto, se propone que la Comisión Permanente del Congreso pida al Gobierno de la Ciudad de México que, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), continúen fortaleciendo los mecanismos de seguridad para el combate al narcomenudeo en las inmediaciones e instalaciones universitarias, con pleno respeto a su autonomía.
Los senadores indicaron que es necesario impulsar políticas y acciones que desarticulen las células delictivas que se han infiltrado en universidades y centros de estudio.
En la segunda propuesta, se busca que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México (CDMX) a informar sobre el estado que guardan sus instalaciones y unidades.
Los senadores panistas solicitan que los funcionarios capitalinos entreguen un informe detallado, para evitar riesgos y tomar medidas que garanticen la seguridad e integridad de los usuarios.
“Dos de los medios de transporte públicos más utilizados en la Ciudad de México son el Metro y el Tren Ligero; sin embargo, ambos padecen una crisis de infraestructura y funcionamiento, agravada por su situación financiera, a pesar de haber aumentado la tarifa”, afirmaron.
Los dictámenes con punto de acuerdo se turnaron al pleno de la Comisión Permanente para su discusión y, en su caso, aprobación.
En la reunión de la Primera Comisión estuvieron presentes los senadores Daniel Ávila Ruiz y Fernando Torres Graciano.