Los solicitantes deberán ser de nacionalidad mexicana, mayores de edad y anexar un certificado que acredite que están en proceso de reasignación para la concordancia sexo-genérica, con un mínimo de cinco meses, expedido por el profesionista a cargo del tratamiento de quien la solicita.
Deberán también, se asienta en la iniciativa de reforma, manifestar su nombre completo y sexo original, con los datos registrales correspondientes; el nombre sin apellidos y, en su caso, el sexo solicitado.
Robles Montoya dijo que en México aún existe resistencia a la reasignación para la concordancia sexo–genérica, por prejuicios sociales o por desconocimiento de lo que significa la identidad sexual o la identidad de género.
El Estado mexicano, dijo, debe asegurar lo necesario para que cada ciudadano tenga una identidad particular y su constatación oficial, así como proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona y las variaciones a su estado civil.

Particulares que tengan negocios con el sector público, comparecerán ante el Congreso
La Permanente envió también al Senado una iniciativa para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de citar a comparecer a particulares cuando se discuta una ley o un negocio concerniente a sus ramos o actividades, o bien, se trate de un asunto de interés público.
Al presentar la propuesta, el senador Isidro Pedraza Chávez precisó que se tendría que reformar el artículo 93 de la Constitución, para establecer que las cámaras puedan convocar a “cualquier persona” para que informen respecto a “un asunto de interés público” o respondan a interpelaciones o preguntas directas por parte de los legisladores.
Sugirió que en la ley correspondiente se especifiquen los supuestos bajo los cuáles las cámaras puedan citar a particulares, así como el formato específico para desahogar el proceso; la medida fortalecerá el control democrático del Congreso y lo consolidará como un “verdadero espacio de discusión de las distintas personas y corrientes que integran nuestro país”.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República.

Deben ser 16 las entidades consideradas como Zonas Económicas Especiales
La diputada Minerva Hernández Ramos, del PAN, en su turno, dijo que deben ser 16 las entidades del país consideradas como Zonas Económicas Especiales a fin de revertir la pobreza y generar las condiciones de prosperidad y desarrollo.
Hizo notar que actualmente dichas zonas son: Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que se extiende a Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, así como la de Puerto Chiapas, en Chiapas.
La legisladora presentó una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para incrementar la protección, ayuda y desarrollo a los estados del país con más incidencias de pobreza.
De esta manera, dijo, se les canalizarían beneficios fiscales y laborales; un régimen aduanero especial; un marco regulatorio ágil; infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales.
Existen, dijo, muchas otras entidades que requieren y demandan ser impulsadas por parte del Gobierno Federal y que no están incluidas dentro de dichas zonas, “tal es el caso del Tlaxcala, que cuenta con amplías carencias que deben ser atendidas a través de su integración a estas zonas”.
Así, dijo, estaremos trabajando por el bien de la población, el desarrollo nacional, el incremento económico y el fortalecimiento del país. El documento se envió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

De los trabajadores, el derecho a decidir cuál es su sindicato en el gobierno: Rocío Nahle
Con el fin de actualizar y fortalecer diversas disposiciones relativas al establecimiento y funcionamiento de los sindicatos, legisladores del Partido Morena presentaron una iniciativa que pretende que los trabajadores al servicio del Estado tengan derecho de constituir los sindicatos que estimen convenientes.
Al presentar la iniciativa, la diputada Rocío Nahle García expuso que la iniciativa señala que si dentro de una misma dependencia existen varios sindicatos que pretenden celebrar la negociación colectiva, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deberá otorgar el reconocimiento al mayoritario.
Subrayó que la misma busca que los trabajadores puedan tener derecho de formar parte del sindicato de su elección o a no formar parte de él; que para la determinación del número de trabajadores que constituirán el sindicato, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la fecha en que se otorgue éste.
También determina que el registro del sindicato podrá cancelarse –únicamente- en caso de disolución y por dejar de tener los requisitos legales; resalta que los sindicatos podrán formar libremente federaciones y confederaciones, o cualquier otra forma de organización de nivel superior; se elimina la disposición que establece que queda prohibido a los sindicatos adherirse a organizaciones o centrales obreras o campesinas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, modifica los artículos 1, 32, 68, 69, 71 - 73, 78, 79, 84 - 85 y 118 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

En breve, se prohibirá el matrimonio infantil
Tolerar el matrimonio infantil en México, es permitir un acto autoritario de los padres sobre los menores o adolescentes al decidir sobre su vida, porque les prohíbe el desarrollo personal digno, expuso el diputado Francisco Martínez Neri.
La prevalencia de este fenómeno demuestra que se necesita fortalecer el mandato institucional para que desaparezca; porque además no se puede permitir que las Legislaturas locales desacaten el Interés Superior de la Niñez, refirió el legislador del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado presentó al Pleno de la Comisión Permanente una iniciativa para adicionar un párrafo décimo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 18 años.
Detalló que los tres estados de la República Mexicana con mayor porcentaje de matrimonios infantiles son: Chiapas (44.82 por ciento), Guerrero (42.41 por ciento) y Oaxaca (39.17 por ciento).
Refirió que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años, a escala internacional; y los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis.

Promoción entre policías, con base en niveles de escolaridad
Los niveles escolares y grados académicos de la profesionalización deben ser aplicables para la promoción de rango de los policías, propuso la dipuatada Ruth Noemí Tiscareño, en su inicitiva que presentó ante el pleno de la Permanente para adicionar el artículo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La propuesta señala que en los recursos destinados a la Seguridad Pública, se debe apuntalar hacia un porcentaje fijo destinado a propiciar condiciones que incrementen los niveles escolares y los grados  de los policías.
Refiere que las instituciones de Seguridad Pública de la Federación, de los estados y los municipios deben coordinarse para generar oportunidades a los policías que aspiren a una superación académica y a un rango mayor en la jerarquía.
Se señala en la iniciativa, que las academias e institutos deben ser responsables de promover los niveles de escolaridad y los grados académicos, como parte del programa rector de profesionalización.
Lo que se busca, dijo la diputada,  es colocar al policía en el eje rector de la transformación, en la prioridad para el mejoramiento de todo el sistema; sin el reconocimiento a los elementos policiacos, apuntó, cualquier proyecto de seguridad será inviable y estará condenado al fracaso.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para su análisis. (Rubén Vázquez Pérez)