Durante la discusión del tema “El Papel de los Medios Públicos del Estado Mexicano”, en el marco del foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, los ponentes urgieron a hacer cambios pertinentes, pues de continuar el marco legal actual, “sólo se mantiene un medio gubernamental al servicio de funcionarios”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (EDOMEX Morena D24) propuso mesas de trabajo mensuales con especialistas, académicos y demás involucrados, a fin de discutir y analizar una legislación eficaz en materia de comunicación pública.
Mencionó que desde hace 30 años se ha intentado buscar el camino para que los medios contribuyan al fortalecimiento de la democracia: “hoy tenemos la oportunidad de consolidar esta idea”.
Jenaro Villamil Rodríguez, escritor y reportero de la revista Proceso, señaló que no existen medios públicos, pero sí gubernamentales y otros más que se dicen públicos. “No existe un modelo de medios públicos en nuestro país, pues no hemos salido de la fórmula mexicana de televisión y radio”.
Esta puede ser “la primera vez en la historia de México en que concesionarios no redacten la ley de medios públicos ni de radiodifusión”.
Se necesita articular un gran modelo o sistema que incorpore al resto de infraestructuras públicas, como Notimex, que requiere de autonomía generadora de contenidos y se aleje del burocratismo. “No se trata de borrar a los medios concesionados, sino generar un modelo propio y efectivo”.
El profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y colaborador de la revista Proceso, Jesús Cantú Escalante, indicó que si los medios públicos compiten por audiencia, no podrán cumplir su función.
Tener un medio público requiere de un presupuesto asegurado y adecuado, algo que, dijo, inclusive forcejean instituciones y organismos autónomos. Cuestionó que en prácticamente todos los órganos autónomos, se privilegia el conocimiento técnico que conduce a una endogamia, y representa la tecnocracia.
“¿Qué debemos valorar? Sí la experiencia y el conocimiento, pero tomar en cuenta que quienes lleguen ahí no vengan a replicar el modelo comercial, que estén comprometidos con un periodismo alternativo, que impulse el debate, la investigación, la agenda pública, que dé voz a los invisibles y permita recrear espacios de opinión pública, y construir la ciudadanía”.
Javier Esteinou Madrid, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, aseguró: la ausencia de un marco jurídico adecuado, permitió que estos organismos “siguieran funcionando como un medio gubernamental al servicio de un funcionario público”.
Pidió modificar los candados en las leyes secundarias que son tramposas; repensar qué es el sistema público, cuáles son sus objetivos, pues, aclaró, hay aspectos vagos como el de “la construcción de la identidad nacional”.
Criticó que en el gasto de publicidad gubernamental entre 30 y 40 por ciento se destine a medios comerciales, mientras que una menor parte se dirige a los públicos. “Invertir en los medios públicos es realizar una inversión para los cimientos de la nación y pueden generar grandes ahorros, además de que la construcción de la cultura es altísimamente rentable”.
Aleida Calleja Gutiérrez, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, mencionó que la reforma Constitucional al artículo de sexta buscaba transitar de medios oficiales gubernamentales a medios de concesiones de uso público, es decir, que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), conformara una televisión nacional pública, lo cual hasta el momento no ha ocurrido”.
Existe un problema en términos de política pública, pues el Estado ha sido disperso con los ordenamientos al implementar diseños desiguales, pues se han dispuesto a generar respuestas al momento.
Enfatizó que es fundamental entender que las televisoras y radiodifusoras culturales no deben restringirse sólo a la agenda cultural, pues estos medios están vinculados con la libertad de expresión y acceso a la información. “Son espacios privilegiados para la deliberación democrática”.
