En el evento, realizado en conjunto con los tribunales Superior Agrario y el Electoral de la Ciudad de México, Ortega Martínez subrayó que entre los trabajos legislativos a realizar está el análisis de una iniciativa en materia de violencia política, la cual busca promover la paridad en el Poder Judicial para que los tres órdenes de gobierno estén constituidos con las mismas características.

Enfatizó que en los esfuerzos legislativos y jurisdiccionales persisten amenazas al derecho que tienen las mujeres sobre la toma de decisiones de manera paritaria. “No se trata que con la paridad se ataque el papel de los hombres, sino que cada quien asuma el papel que le corresponda”.

Consideró que los retos en la materia son brindar un acceso a las justicia de las mujeres rurales y que la Cámara de Diputados asuma su papel de órgano de control así como cambiar las políticas que permitan atender los feminicidios.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Odilisa Gutiérrez Mendoza, indicó que de acuerdo con datos fechados en el 2017 del gobierno federal, de los 4.5 millones de personas que poseen algún certificado de comuneros, ejidatarios, posesionarios o avecindados, sólo un millón 194 mil son mujeres.

En tanto, Inmujeres en el 2016, enfatizó que la mujer rural representa el 9 por ciento de la fuerza laboral y de este total el 40 por ciento no cuenta con ingresos propios, es decir, cerca de 13 millones; por ello, es fundamental implementar políticas públicas que terminen con la brecha de desigualdad de género.

Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, resaltó que la mujer ha sido relegada en su ejercicio real del poder; “si bien es cierto han logrado acceder al poder, es fundamental, terminar con la violencia política, acto que lamentablemente sigue presente en los procesos democráticos. Debemos concebir que la diversidad en unidad genera fortaleza”.

Gustavo Anzaldo Hernández, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, expuso que no es suficiente tener una idea clara y una regulación, sino que se debe normalizar la igualdad de género y darle difusión, “para que se respete de mejor manera, tanto en los propios partidos políticos como a nivel general. El desconocimiento de una norma, no excusa su cumplimiento, pero siempre será más fácil si se conoce”.

En tanto, la directora general del Instituto Nacional de las Mujeres de la CDMX (Inmujeres), Teresa Incháustegui Romero, mencionó que “la violencia familiar es un flagelo muy fuerte del país, por dar un dato: el 70 por ciento de las personas que están reclusas provienen de un hogar violento, es un cáncer social que debe ser erradicado desde el ámbito educativo y cultural, para que el sector femenino conozca sus derechos. La sociedad del futuro requiere una igualdad entre géneros”.

La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago, compartió que en los últimos dos años se han atendido 310 casos, de los cuales el 48 por ciento han sido solicitudes de mujeres y el 20 por ciento por violencia política por razones de género, entre los cuales se encuentran casos de síndicas, regidoras y presidentas municipales que fueron electas en 2016 y a quienes no se les está permitiendo ejercer el cargo.

Por su parte, la magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, Concepción María del Rocío Balderas Fernández, destacó que aún existe una estructura que inferioriza a las mujeres y las coloca en un plano de subordinación, motivos por los cuales se deben generar políticas públicas que nivelen una igualdad sustancial, en todos los ámbitos de gobierno.

María del Carmen Carreón Castro, magistrada en la Sala Regional Especializada del TEPJF, resaltó la importancia del acceso a la justicia en México y sus limitaciones actuales “por ejemplo, las mujeres rurales tienen grandes limitaciones para acceder a la justicia en caso de sufrir violencia física, psicológica y/o sexual. Existe una dificultad especial con una serie de barreras para acceder a servicios estatales”.

Myriam Alarcón Reyes, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, afirmó que si bien hay avances en su participación y en el combate a la violencia hacia ellas, las desigualdades son vigentes, principalmente en las zonas rurales. Por ello, se pronunció por capacitarlas para que cuenten con los instrumentos que les permitan desempeñarse en los cargos de elección popular así como trabajar en políticas que eliminen las diferencias.

La consejera del Instituto Electoral de la CDMX, Gabriela Williams Salazar, formuló que uno de los temas pendientes en la agenda pública es la tipificación de la violencia política como delito electoral, “se tendría que pensar en una política pública que se componga de un ciclo en el que haya una definición del problema, diseño, formulación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de esta política”.

Carolina del Ángel Cruz, Consejera Electoral del IECM, aseguró que “hay una ausencia total de instancias y de personal capacitado con perspectiva de género que atienda cualquier denuncia que llega a hacer una mujer; falta esta cuestión de juzgar con perspectiva de género. Hay que capacitar para entender que somos iguales”.

Martha Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, consideró que el Congreso de la Unión debe desarrollar una ley general sobre la violencia política, debido a que esto fomentaría la participación del sector, además propuso que los partidos políticos realicen simulaciones de paridad.

Otilia Lux de Cotí, experta del foro permanente de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, señaló que las mujeres requieren conocer su ciudadanía, sus derechos individuales y colectivos, que deben tener voz para defenderse, denunciar e interpelar cualquier atropello. Aclaró que para un acceso a la justicia eficaz, se debe destinar un presupuesto adecuado.

Luis Wertman, Presidente del Consejo Ciudadano capitalino agregó que “estamos en un cambio de época y eso es lo que se presenta como una gran oportunidad”. Añadió que a través de las herramientas que tienen, como las líneas ciudadanas, buscan facilitar la denuncia, en donde diariamente atienden a 35 mujeres que reportan situaciones de abuso, maltrato o violencia.

Diana Lara Espinosa, investigadora en materia de Derechos Humanos y Género, explicó que las mujeres son titulares de sus derechos, principalmente de los políticos; el derechos más valioso es de la manifestación política y de su participación en los cargos de elección popular. Añadió que el género no tiene partido; sin embargo, cuestionó el trato que se les ha dado a las candidatas en las elecciones federales para ocupar el cargo de Titular del Ejecutivo federal, en el 2006 y en el 2018.