Tras aprobar los dictámenes y proyectos de resolución sobre dichas irregularidades y derivado de la fiscalización respectiva, el pleno de consejeros electorales determinó imponer multas por 296.4 millones de pesos por faltas en elecciones federales y 576.2 millones de pesos por inconsistencias respecto de los informes de elecciones locales, conforme a la siguiente tabla:

*Nota: las cifras finales deberán impactar los criterios y resoluciones de quejas en la materia.

Al respecto, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova dijo que esta fiscalización es resultado de la aplicación del modelo aprobado en la reforma electoral de 2014 a plenitud.

Añadió que, en el modelo actual del sistema electoral, el financiamiento público a la política es indispensable para generar equidad en las contiendas y transparencia en los recursos destinados a la competencia electoral.

El Consejero Presidente afirmó que la experiencia de la elección de 2018 demuestra que el dinero puede no ser determinante en los resultados si se cumple con tres condiciones: si la competencia es imparcial y equitativa; si se cuenta con las instituciones para hacer valer el sentido del voto libre, y si la ciudadanía puede informarse y es consciente de que puede votar en libertad. “Esa es la realidad de la democracia mexicana el día de hoy”.

Por su parte, el Consejero Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que este ejercicio, con sus datos duros, muestra que las campañas fueron equitativas, hubo rendición de cuentas y hay control del grueso del origen y destino de los recursos involucrados.

“Hoy, en 2018, podemos celebrar que las elecciones fueron contundentemente limpias, pero también que fueron equitativas y que el dinero, un ingrediente presente en la vida de las sociedades y necesario en toda democracia, no se convirtió en un factor disruptivo. Quien ganó cargos de gobierno y de representación lo hizo por la fuerza del voto no por la influencia del dinero”, argumentó.

El Consejero Murayama indicó que, en total, se analizaron 57 mil 563 informes de forma ordenada y en tiempos muy reducidos. Se cargaron al Sistema Integral de Fiscalización más de medio millón de pólizas y, en ellas, hubo constancia de ingresos por 5 mil 334.7 millones de pesos y gastos por 5 mil 192.6 millones. En total, el personal de auditoría revisó 10 mil 527 millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas.

Posteriormente, el Consejero Marco Antonio Baños estableció que nunca antes ni el Instituto Federal Electoral ni ahora el Instituto Nacional Electoral, habían tenido ante sí el reto de revisar, auditar y pronunciarse en tan poco tiempo sobre la fiscalización de 17 mil 699 candidaturas que disputaron 3 mil 406 cargos de elección popular, tanto Federales como Locales.

Enfatizó que la labor de fiscalización del INE se lleva a cabo a lo largo y ancho del país, con monitoreos en los 300 distritos para detectar y georeferenciar la propaganda que se coloca en la vía pública: espectaculares, vallas, panorámicos, bardas, lonas y parabuses, entre otros.

Este trabajo, añadió el Consejero Baños, se tradujo en la realización de cinco mil 10 recorridos, de los que se obtuvo un total de 105 mil 520 testigos de la propaganda.

También –dijo- fue monitoreado constantemente Internet, las redes sociales de los actores políticos, la publicidad subida a la web, los medios impresos de circulación local y nacional con el objeto de hallar propaganda electoral que pudiera no estar reportada.

“De este monitoreo se generaron 15 mil 273 razones y constancias que dan cuenta de la propaganda colocada por los candidatos en la web, la revisión de los medios impresos nos arrojó seis mil 504 testigos de propaganda a favor de los candidatos”, refirió.

Los dictámenes fueron aprobados por 9 votos a favor y el voto en contra de las consejeras Pamela San Martín y Dania Ravel, quienes coincidieron en que, a su parecer, los documentos presentados carecen de exhaustividad y contienen reducciones a sanciones que deberían ser inhibitorias.

“No hay razones jurídicamente válidas para modificar los criterios de sanciones a la baja, las conductas infractoras son iguales en términos de circunstancias de tiempo, modo y lugar; los bienes jurídicos tutelados son los mismos, la conducta es la misma”, argumentó la Consejera San Martín.