Dijo también que no podemos simplemente apostar por una reforma legal que aumente las penas y que aumente las multas económicas para quienes cometan este tipo delitos sin atender, ni entender que el robo de hidrocarburos y toda la cadena de delitos relacionados con éste son hechos delictivos que no se van a evitar con penas más altas o con multas exorbitantes.
Explico que el concepto sobre el que se basó la aprobación del dictamen, denominado derecho penal del enemigo, o derecho penal de autor, establece sanciones por el perfil de una persona, por su conducta previa o posterior al hecho delictivo, por su intencionalidad o motivación o por sus relaciones delictivas.
Pero, enfatizó, “ha demostrado ser un rotundo fracaso, pues lo único que ha logrado es llenar las cárceles de personas inocentes que estuvieron en el lugar y momento incorrectos, y mantener en las calles a los verdaderos responsables de los delitos”.
El proyecto aprobado también pretende garantizar la seguridad de las personas, ya que estos delitos se asocian con actividades de la delincuencia organizada y exponen a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias, es decir, el denominado “huachicoleo”.
El dictamen plantea, entre otras sanciones, de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Dispone una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para quien cometa dichas conductas.
Los legisladores avalaron la propuesta para imponer de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.
El dictamen sanciona con pena de 10 a 14 años de prisión y multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunció a favor del dictamen, pero consideró que “las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad” en esta materia y la crisis provocada por el robo de petróleo, gasolina y diésel ya “es incontrolable” y urge resolverla de manera integral.
Para el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, las reformas “son una vergonzosa simulación”, porque las penas que ya son vigentes no han contenido un problema que es creciente, pues “autoridades y funcionarios de Pemex están coludidos” en la ordeña de los ductos.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz asentó que el robo de hidrocarburos se ha convertido en un problema de seguridad nacional, pues el número de tomas clandestinas se incrementa día con día, con un impacto adverso para la economía y las finanzas públicas, así como para la seguridad de las comunidades.
En opinión del senador Fernando Mayans Canabal, sin Grupo Parlamentario, en México “nos lastima el cáncer de la impunidad” y más allá de que se incrementen este tipo de sanciones, lo que se requiere es hacer cumplir las leyes vigentes.
Del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Adriana Loaiza Garzón dijo que con este dictamen se protege un sector importante para las finanzas públicas y la seguridad de los ciudadanos, y agregó que el aumento de penas está dentro de los límites consagrados en la Constitución.
A favor del proyecto también participó la senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI; y en contra intervinieron los senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Dolores Padierna Luna, del PT.
El dictamen aprobado se envió al Ejecutivo Federal.