Un comunicado de la SFP establece que la auditoría que llevó a cabo sobre el denominado Paso Exprés cubrió sólo cuatro de los contratos asignados en los que detectó irregularidades en los procesos de licitación y adjudicación de éstos; trabajos ejecutados sin comprobación legal; incumplimiento al programa de obra convenido; pagos excesivos; inadecuada planeación y programación de la obra.
También, inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto; omisión a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93+87; deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y servicios relacionados con la misma y falta en la elaboración del finiquito de los contratos.
Pero de todo esto el Secretario Ruiz Esparza no admitió culpabilidad alguna, no obstante que ha sido señalado como el principal responsable de la SCT; el boletín de la SFP hace saber que si después de 45 días no se esclarecen las irregularidades ni se atienden las observaciones y en cambio se arrojan elementos de haber incurrido en alguna falta, se iniciarán los procedimientos de responsabilidad correspondientes, que incluyen losjudiciales.
Legisladores de oposición, en cambio, reaccionaron en demanda de la renuncia de Ruiz Esparza a la SCT. El coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés, reclamó castigo y un alto a la impunidad porque de lo contrario, dijo, casos de escandalosa corrupción como éste seguirán sucediendo, incluso a costa de más vidas.
A su vez, el vice coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa Huerta, exigió que Ruiz Esparza se separe del cargo por un principio de ética y de respeto hacia la función pública que, dijo, se supone debe cumplir ante la sociedad como parte del servicio público del que es integrante.
Por su parte, el coordinador de los senadores perredistas, Luis Sánchez, dijo que la renuncia del funcionario procede toda vez que, dijo, es inadmisible que el funcionario diga que no conocía “el moche de mil millones”, en relación a los más de mil 34 mdp detectados en la auditoria de la SFP. “No se puede estar señalando más sólo a funcionarios menores. Nadie va a aceptar que esto se quede sólo en chivos expiatorios. La Procuraduría General de la República debe intervenir”.
